La Asamblea Nacional cumple este 14 de mayo de 2026 su primer año de gestión. Sin embargo, lejos de consolidarse como un Parlamento enfocado en la fiscalización y la producción legislativa, gran parte de su actuación estuvo marcada por el respaldo al Gobierno.

Bajo la conducción del bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), la Legislatura enfrentó constantes cuestionamientos por un progresivo desgaste político, una presunta subordinación al Poder Ejecutivo, limitaciones en los procesos de control político y varios escándalos de carácter ético.

A continuación, Radio Pichincha realiza un repaso de las principales falencias y los casos que marcaron este periodo:

Subordinación al Ejecutivo y leyes inconstitucionales

La principal falencia es que el Parlamento opera mayoritariamente en función de las prioridades del Gobierno. Los datos avalan esta afirmación. Cerca del 40% de las leyes aprobadas (nueve de un total de 24, según los datos parlamentarios) fueron proyectos enviados por la Presidencia con el carácter de económico urgente.

Esta dinámica permitió que el oficialismo, mediante una mayoría consolidada con aliados e independientes, allane el camino para la prevalencia de la agenda del presidente Daniel Noboa.

El costo de esta celeridad legislativa fue el enfrentamiento con la legalidad. Los casos más emblemáticos de esta falencia son:

• Ley de Solidaridad Nacional: fue aprobada por la mayoría oficialista, pero declarada inconstitucional en septiembre de 2025. La Corte determinó que se mezclaron materias económicas, penales y de seguridad de forma indebida bajo el procedimiento de urgencia. Entre los aspectos más controvertidos se encontraba la posibilidad de allanamientos sin orden judicial previa, así como la disposición que establece que policías o militares procesados por hechos relacionados con su servicio en ese contexto no reciban prisión preventiva.
• Ley Orgánica de Integridad Pública: también fue anulada por la Corte en septiembre de 2025 tras sumar cerca de 30 demandas. Esta norma planteaba la selección de jueces sin concurso mediante una declaratoria de emergencia, lo cual fue rechazado por los jueces constitucionales. Las críticas también apuntaron a disposiciones laborales que habilitaban causales de despido automático para servidores públicos.
• Ley de Inteligencia: aunque no era de carácter económico urgente, fue impulsada por ADN y actualmente tiene cuatro artículos suspendidos por la Corte ante la posibilidad de que violen principios de intimidad. Entre las preocupaciones señaladas se incluyen: vigilancia digital sin controles de transparencia, acceso a bases de datos públicas y privadas sin orden judicial; interceptación de comunicaciones sin supervisión legal y creación de identidades falsas para agentes.

Normativas bajo la lupa judicial

Además de las leyes ya anuladas, la subordinación al Ejecutivo dejó un rastro de normativas que aún enfrentan demandas de inconstitucionalidad pendientes de resolución. Entre estas se encuentran:

• La Ley de Recuperación de Áreas Protegidas.
• La Ley de Transparencia Social.
• La Ley de Fortalecimiento Crediticio.
• Ley de Eficiencia del Gasto de los GAD
• Ley de Minería y Energía

En esa misma línea, durante su primer año de gestión, la Asamblea aprobó un total de 72 resoluciones.

De ellas, más de 30 estuvieron orientadas a respaldar directamente acciones del Ejecutivo, según datos parlamentarios. Asimismo, cerca del 90% de los cambios del orden del día fueron promovidos por la bancada oficialista, reflejando el amplio control de ADN sobre la agenda legislativa.

Las resoluciones favorables al Ejecutivo se agrupan en cuatro grandes bloques temáticos.

Además de las leyes ya anuladas, la subordinación al Ejecutivo dejó un rastro de normativas que aún enfrentan demandas de inconstitucionalidad pendientes de resolución. Entre estas se encuentran:

• La Ley de Recuperación de Áreas Protegidas.
• La Ley de Transparencia Social.
• La Ley de Fortalecimiento Crediticio.
• Ley de Eficiencia del Gasto de los GAD
• Ley de Minería y Energía

En esa misma línea, durante su primer año de gestión, la Asamblea aprobó un total de 72 resoluciones.

De ellas, más de 30 estuvieron orientadas a respaldar directamente acciones del Ejecutivo, según datos parlamentarios.

Asimismo, cerca del 90% de los cambios del orden del día fueron promovidos por la bancada oficialista, reflejando el amplio control de ADN sobre la agenda legislativa. Las resoluciones favorables al Ejecutivo se agrupan en cuatro grandes bloques temáticos.

También se aprobaron resoluciones de apoyo como:

• La lucha contra la minería ilegal y sus presuntos vínculos criminales y políticos.
• El espaldarazo a los operativos de seguridad que derivaron en la captura de alias “Pipo” en España.
• Un exhorto a las fuerzas políticas para respaldar las reformas legales del Ejecutivo en materia de seguridad.
• Una resolución sobre financiamiento ilícito extranjero en campañas, alineada con denuncias del Gobierno.

En el ámbito económico y social, el Pleno formalizó su apoyo a las medidas contenidas en los Decretos Ejecutivos 125 y 126, que se relaciona con extensión de las compensaciones para el transporte público.

Además, respaldó el Decreto 153 que convoca a consulta popular para una Asamblea Constituyente. Otros son puntos que reconoció el Parlamento:

• Reconocer la reducción de la migración irregular como resultado de la política oficial.
• Apoyar el proceso de negociación comercial con Estados Unidos para fomentar exportaciones y empleo.
• Expresar respaldo al sector floricultor, con un compromiso de defensa de la producción nacional.

En política exterior y asuntos administrativos, el Legislativo reconoció la gestión diplomática y comercial con Estados Unidos y aprobó una resolución de respaldo a las acciones internacionales para la restauración democrática en Venezuela, con críticas explícitas al régimen de Nicolás Maduro y a su impacto en Ecuador.

En este mismo eje constan las aprobaciones de dos licencias temporales solicitadas por el presidente Noboa en noviembre y diciembre de 2025.

Desde la oposición, se critica que el oficialismo se ha centrado en temas fuera de su competencia o en leyes urgentes que resultan inconstitucionales, descuidando una agenda legislativa propia y productiva para el país.

En contraste, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, defiende que se ha cumplido el 50% de la agenda propuesta.

Fiscalización: La “gran deuda” de una Asamblea Nacional bajo control oficialista

Una de las principales críticas radica en que las comisiones clave para el control político –Seguridad, Transparencia y Salud– están dominadas por la bancada de ADN. Esta hegemonía resulta en lo que la oposición describe como una fiscalización “con pocas conclusiones”.

• Una de las principales críticas radica en que las comisiones clave para el control político –Seguridad, Transparencia y Salud– están dominadas por la bancada de ADN. Esta hegemonía resulta en lo que la oposición describe como una fiscalización “con pocas conclusiones”.

De hecho, la sesión de este lunes 11 de mayo de 2026 de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, liderada por la oficialista Diana Jácome, se convirtió en otro intento fallido de incluir el caso Progen en la agenda del día.

A pesar de las graves denuncias de corrupción y perjuicio económico al Estado, la mayoría de la comisión bloqueó el tratamiento del tema, calificándolo de improcedente.

El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Blasco Luna, presentó formalmente la solicitud de cambio del orden del día.

Su objetivo era exhortar al presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, a que el Pleno tratara de manera inmediata los informes de fiscalización sobre los contratos suscritos entre la empresa pública Celec EP y las compañías Progen Industries LLC (Progen) y Austral Technical Management SAS (ATM), que fueron de USD 149,1 millones.

• Crisis Hospitalaria: la Comisión de Salud, presidida por Juan José Reyes (ADN), inició en agosto de 2025 una investigación por el desabastecimiento de medicinas y la muerte de neonatos en hospitales públicos. Tras nueve meses de indagaciones y el paso de tres ministros de Salud diferentes, el caso sigue sin un cierre definitivo mientras persisten los reclamos ciudadanos, desabastecimiento en hospitales y despidos de personal de salud.
• Paro Indígena y Seguridad: la Comisión de Seguridad asumió la investigación de la violencia durante el paro indígena de finales de 2025. Aunque se esperaba un informe para enero de 2026, tras siete meses no se conocen conclusiones ni nuevas comparecencias. Del mismo modo, investigaciones sobre atentados en Guayas y operaciones militares en Sucumbíos permanecen en espera.

“Juicios políticos a la carta” y bloqueos en el CAL

Asimismo, la herramienta del juicio político, máxima expresión de la fiscalización, ha sido señalada por su selectividad. Durante este año, la Asamblea logró la censura y destitución de funcionarios como Gonzalo Albán Molestina (Cpccs) y Mario Godoy (Consejo de la Judicatura). Sin embargo, los procesos contra figuras del actual gabinete enfrentaron bloqueos:

1. Inés Manzano (Energía): el pedido de juicio político por el caso Progen fue bloqueado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), dominado por el oficialismo, en octubre de 2025.
2. Gian Carlo Loffredo (Defensa): su pedido de interpelación por el caso de los niños de Las Malvinas no fue calificado en la Comisión de Fiscalización, encabezada por Ferdinan Álvarez (ADN).
3. Jimmy Martin (exSalud): La mesa de Fiscalización se abstuvo de continuar su proceso por el desabastecimiento de medicamentos en diciembre de 2025. ADN justificó la decisión cuestionando qué solución real aportaría un juicio político.
4. Cpccs: el CAL negó en tres ocasiones el pedido de interpelación a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana por irregularidades en el concurso para elegir Fiscal General. Los pedidos los lideró el asambleísta Luis Fernando Molina (RC).

En ese contexto, para la legisladora de ADN, Inés Alarcón, “no hay una deuda en fiscalización”, defendiendo el trabajo de su bancada. No obstante, desde el Observatorio Legislativo se advierte que la fiscalización se ha visto debilitada y centrada casi exclusivamente en la agenda del Ejecutivo.

De igual modo, asambleístas de la Revolución Ciudadana sostienen que el Pleno evita convocar sesiones para tratar informes incómodos, como el de Progen.

Esta percepción de instrumentalización política de las sanciones y procesos de control ha profundizado, según analistas, el desgaste de la imagen institucional frente a la ciudadanía.

Camisetazos y legisladores con acusaciones

Uno de los golpes más fuertes a la credibilidad del Legislativo ocurrió en julio de 2025. En ese entonces, se destapó una red de nepotismo que involucraba a más de 40 funcionarios. El escándalo obligó al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, a solicitar renuncias masivas y a prohibir, mediante reformas al reglamento, la contratación de familiares de legisladores.

• Caso Dominique Serrano: el legislador oficialista (ADN) fue el centro de la polémica al revelarse que su madre y su hermano trabajaban en la institución.
• Sanciones por dibujar en la comisión: el mismo Serrano recibió una suspensión de ocho días tras ser captado dibujando durante una sesión de fiscalización del caso Progen, alegando padecer TDAH para justificar su conducta.

Por otro lado, la gobernabilidad del bloque oficialista ADN no nació únicamente de las urnas, sino de una reconfiguración de fuerzas basada en deserciones de otras bancadas, práctica conocida popularmente como “camisetazos”.

• Desertores de Revolución Ciudadana (RC): cinco legisladores abandonaron la RC para sostener la mayoría oficialista: Mónica Salazar, Sergio Peña, Jhajaira Urresta, David Arias y Carlos Vargas.
• Aliados de Pachakutik y del PSC: la mayoría se consolidó con el apoyo de José Luis Nango, Edmundo Cerda y Fernando Nantipia (ex-Pachakutik), además del independiente Samuel Célleri, quien dejó el PSC tras no recibir respaldo para integrar el CAL. Otros legisladores, que también eran aliados del Gobierno (Cecilia Baltazar, Manuel Choro y Carmen Tiupul) optaron por formar un grupo independiente y alejarse de las decisiones de ADN.
• Independientes también se alinean con ADN: cuatro legisladores independientes también resáldan de manera recurrente las iniciativas impulsadas por el oficialismo. Se trata de Edwin Jarrín, Juan Gonzaga, Pablo Jurado y Cristian Benavides.

• Desertores de Revolución Ciudadana (RC): cinco legisladores abandonaron la RC para sostener la mayoría oficialista: Mónica Salazar, Sergio Peña, Jhajaira Urresta, David Arias y Carlos Vargas.
• Aliados de Pachakutik y del PSC: la mayoría se consolidó con el apoyo de José Luis Nango, Edmundo Cerda y Fernando Nantipia (ex-Pachakutik), además del independiente Samuel Célleri, quien dejó el PSC tras no recibir respaldo para integrar el CAL. Otros legisladores, que también eran aliados del Gobierno (Cecilia Baltazar, Manuel Choro y Carmen Tiupul) optaron por formar un grupo independiente y alejarse de las decisiones de ADN.
• Independientes también se alinean con ADN: cuatro legisladores independientes también resáldan de manera recurrente las iniciativas impulsadas por el oficialismo. Se trata de Edwin Jarrín, Juan Gonzaga, Pablo Jurado y Cristian Benavides.

El CAL de ADN sancionó solo a legisladores de la RC

La bancada de la Revolución Ciudadana se convirtió en el principal blanco de sanciones disciplinarias, acumulando cerca de 300 días de suspensión sin remuneración. El Consejo de Administración Legislativa (CAL), dominado por el oficialismo y sus aliados, ha tramitado cerca de 20 reclamos entre las dos fuerzas políticas mayoritarias.

• Mónica Palacios (RC): es la legisladora más sancionada de este periodo, sumando 125 días de suspensión tras procesos por alteración de sesiones y acusaciones contra autoridades gubernamentales.
• Ronal González (RC): acumuló 91 días de sanción, primero por usar un megáfono en los exteriores del Pleno y luego por un cruce verbal con un legislador de ADN.
• Otros sancionados: la lista de legisladores de RC con suspensiones de 30 días incluye a Roberto Cuero, Juan Andrés González y Mireya Pazmiño, esta última sancionada por expresiones ofensivas durante el debate de la Ley de Integridad Pública.

Desde la oposición se ha denunciado una instrumentalización política de las sanciones a través del CAL, mientras que el oficialismo defiende que se ha buscado instaurar orden y disciplina en el organismo. Ahora, en menor medida, los legisladores de ADN también enfrentaron castigos administrativos:

• Andrés Castillo: recibió una suspensión de 30 días por agresiones verbales contra el asambleísta Comps Córdova durante un debate en el Pleno.
• Dominique Serrano: fue sancionado con ocho días sin sueldo tras viralizarse un video en el que aparecía dibujando durante una sesión de fiscalización del caso Progen.
• Casos pendientes: la denuncia contra Yadira Bayas, acusada de usar una fotografía para simular su presencia en una sesión virtual, lleva siete meses sin resolución en el CAL.