La ciudadanía teme que, así como se revisó los subsidios a las gasolinas y al diésel, el Gobierno de Noboa tome la decisión -apalancado por el FMI- de revisar las subvenciones al gas de uso doméstico.

El fantasma de la eliminación de los subsidios al gas de uso doméstico vuelve a recorrer los hogares ecuatorianos, tras la última revisión del acuerdo de crédito entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, el documento del multilateral -de abril de 2026- no menciona sobre una posible revisión al subsidio al gas. Además, hay constantes desmentidos de varios voceros del Gobierno de Daniel Noboa a esta posibilidad.

Pero, las decisiones de los últimos gobiernos de derecha de eliminar los subsidios a las gasolinas y al diésel alimenta el temor ciudadano.

Jorge, dueño de una panadería en el norte de Quito, teme que ahora el Gobierno intente eliminar el subsidio al gas.

Lo mismo ocurre con Alexander García, administrador de un restaurante en el sector de La Floresta. Él afirmó que si se atrevieron a quitar las subvenciones al diésel y a las gasolinas, no es extraño que lo hagan también al gas.

“Todo está más caro”, puntualizó García.

Actualmente, el valor oficial del cilindro de 15 kilogramos en los depósitos de distribución autorizados es de USD 1,65. En la práctica, debido a los costos de transporte y comercialización, el precio que pagan los hogares suele oscilar entre USD 3,50 y USD 3,75, dependiendo de la ciudad y el distribuidor.

De acuerdo a análisis económicos, si se eliminara totalmente el subsidio estatal, el precio del cilindro de gas subiría significativamente para alinearse con los costos del mercado:

• El valor real del cilindro supera los USD 12 situándose específicamente alrededor de los USD 12,39 o USD 12,40.
• A este valor base de aproximadamente USD 12,40 todavía habría que sumarle otros costos no subsidiados como el IVA y el transporte, lo que elevaría el precio final por encima de esa cifra.

Para comprender la dimensión de un posible golpe al bolsillo de los ecuatorianos, en países vecinos como Perú, donde no existe este subsidio, el precio del cilindro puede sobrepasar los USD 15.

El peso del FMI

La ciudadanía observa el panorama actual, recordando que los últimos gobiernos han tomado decisiones drásticas apalancados por las metas fiscales del FMI.

El proceso de “sinceramiento” de precios de los hidrocarburos empezó con la gasolina Súper, que en agosto de 2018, bajo el mandato de Lenín Moreno, se equiparó al precio internacional mediante el Decreto Ejecutivo 490. Desde entonces, este combustible no tiene subsidio y su precio fluctúa mensualmente.

El actual régimen de Daniel Noboa aceleró esta tendencia. En junio de 2024, el Gobierno oficializó la eliminación del subsidio a las gasolinas de bajo octanaje, Extra y Ecopaís, mediante el Decreto 308. Tras casi dos años, estas gasolinas superan los USD 3 el galón.

Y, el golpe más reciente ocurrió en septiembre de 2025, cuando Noboa eliminó el subsidio al diésel para el sector automotor, elevando su precio de USD 1,80 a USD 2,80 por galón. Actualmente ese precio ocsila en USD 2,96.

Esta decisión con el diésel, que rige desde hace meses, buscaba un ahorro anual de USD 1.100 millones.

Ante esta seguidilla de ajustes, el gas de uso doméstico aparece como el “último bastión” de los subsidios energéticos masivos.

¿Qué dice (y qué calla) el FMI?

La quinta revisión del FMI, concluida en abril de 2026, no menciona de forma expresa la eliminación del subsidio al gas como una condicionalidad inmediata. Sin embargo, el documento coloca la reducción de subsidios a productos petroleros dentro del balance fiscal monitoreado, una categoría que técnicamente incluye al GLP.

El organismo multilateral insiste en que Ecuador debe mantener una “consolidación fiscal firme” para reducir la deuda pública al 40% del PIB en 2031.

Analistas como el exministro de Economía, Carlos de la Torre, advierten que la presión es real.

“Todavía no se han eliminado todos los subsidios a los combustibles; falta el subsidio al gas y eso también está en carpeta y podría venirse en los siguientes meses”, señaló De la Torre en una entrevista reciente en el medio La Granja.

Incluso voces legislativas han encendido las alertas.

El asambleísta Héctor Valladarez González afirmó que el FMI habría fijado diciembre de 2026 como plazo para la eliminación de este beneficio. Según Valladarez, este fue el “verdadero motivo” para adelantar las elecciones presidenciales a noviembre de este año, buscando evitar el desgaste político previo a las urnas.

El Gobierno desmiente, pero el mercado duda

Ante el incremento de los rumores, el Ejecutivo ha salido al paso. El presidente Daniel Noboa utilizó sus redes sociales para calmar las aguas: “No coman cuento, el precio del gas no sube”, publicó el 22 de octubre de 2025, ratificando el valor del cilindro de 15 kilos en USD 1,65.

La ministra de Economía, Sariha Moya, reforzó este mensaje asegurando que “no se va a tocar el subsidio al gas doméstico” debido a su importancia para el consumo de los hogares.

Y, así, varias autoridades han venido desmintiendo esta aseveración de varios analistas económicos.

A pesar de estas declaraciones, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) emitió la Resolución Nro. ARCH-DE-2025-0029-RES, que aunque mantiene el precio al usuario final, actualiza las tarifas que Petroecuador paga a las comercializadoras privadas por la distribución. Para muchos ciudadanos y distribuidores, estos movimientos administrativos suelen ser el preludio de ajustes mayores.

La Proforma 2026: Una inversión millonaria en juego

El costo de mantener el gas barato es el principal argumento de quienes piden una revisión.

Según la Proforma Presupuestaria 2026 del Ministerio de Economía y Finanzas, el Estado tiene previsto gastar USD 1.159,61 millones en subsidios a los combustibles para este año.

De esa cifra total, el GLP se lleva la mayor parte con USD 722 millones. En comparación, el subsidio al diésel (ahora limitado mayoritariamente al sector eléctrico) representará USD 191 millones y las gasolinas apenas USD 41 millones (para pesca artesanal).

El análisis oficial destaca una tendencia inquietante: mientras la participación de las gasolinas en el pastel de subsidios ha caído al 4%, el GLP proyecta alcanzar el 62% del gasto total en 2026. El documento justifica este aumento por la “permanencia del precio del cilindro doméstico como medida de protección social”.

El impacto social

El economista Marco Flores ha realizado una evaluación exhaustiva del impacto que tendría un incremento en el GLP. Flores advierte que el gas es un bien con demanda altamente inelástica; es decir, las familias no pueden dejar de usarlo porque no tienen sustitutos inmediatos para cocinar.

Flores analizó tres escenarios posibles de incremento del cilindro: USD 5,00, USD 7,50 y USD 10. En el escenario central, un aumento a USD 10 significaría que un hogar en pobreza extrema tendría que destinar el 13% de su ingreso operativo solo para pagar el gas.

“Para un hogar en pobreza extrema, el aumento marginal absorbería el 20% de su ingreso operativo si el cilindro sube a USD 10 y consume dos unidades al mes”, sentencia Flores en su estudio.

¿Focalización como alternativa?

Expertos académicos como Pablo Hidalgo Romero -en entrevistas recientes- sugieren que el problema no es el subsidio en sí, sino su falta de focalización. Actualmente, el Estado cubre cerca de USD 10 por cada cilindro vendido, beneficiando por igual a los más pobres y a los sectores de altos ingresos.

Un estudio del BID citado por especialistas señala que apenas USD 1 de cada USD 5 del subsidio llega efectivamente al quintil más pobre. “El Estado debe gastar USD 5 para transferir USD 1 real de apoyo a los más vulnerables”, explica Hidalgo, sugiriendo que mecanismos de cuotas o códigos de identificación podrían ser la clave para una reforma justa, aunque reconoce que los desafíos técnicos en la distribución por cilindros son grandes.

Así, el gas doméstico sigue siendo, por definición, el tema más sensible que el gobierno intenta calmar, aunque hay alertas de que se vendría una posible revisión de su subsidio.