El ejemplo más reciente y drástico de esta dinámica se vive en Ecuador con el movimiento Revolución Ciudadana (RC). El 6 de marzo de 2026, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ordenó la suspensión por nueve meses de esta organización.

En el escenario político contemporáneo, la proscripción dejó de ser únicamente la exclusión física de los adversarios para transformarse en una sofisticada herramienta de lawfare o guerra jurídica. Este fenómeno, según varios analistas consultados por Radio Pichincha, se caracteriza por el uso de mecanismos institucionales, judiciales y administrativos para restringir sistemáticamente la participación electoral de fuerzas políticas, debilitando las garantías democráticas y el Estado de Derecho.

La proscripción no solo afecta a los líderes de una organización, sino que erosiona el derecho de millones de ciudadanos a ser representados. Esto configura lo que diversos observadores califican como una “persecución política” que utiliza el sistema de justicia con fines de exclusión.

El Caso de la Revolución Ciudadana

El ejemplo más reciente de esta dinámica se vive en Ecuador con el movimiento Revolución Ciudadana (RC). El 6 de marzo de 2026, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ordenó la suspensión por nueve meses de esta organización del Registro de Organizaciones Políticas. Esto inhabilitó su participación en las elecciones para elegir alcaldías y prefectura en el presente año.

Esta medida se sustenta en la causa denominada “Caja Chica”. Una investigación por presunta delincuencia organizada y financiamiento ilícito que se encuentra apenas en fase pre-procesal, sin sentencia firme y basada en una denuncia anónima. Ese proceso se centra en la hipótesis de que recursos ilícitos habrían ingresado al país en efectivo desde el extranjero —principalmente desde Venezuela— para financiar actividades políticas, incluyendo la campaña presidencial de 2023.

Como parte de las diligencias, el 28 de enero de 2026 la Fiscalía, junto con la Policía Nacional, ejecutó allanamientos simultáneos en inmuebles ubicados en Guayas y Pichincha. Esto incluyó los domicilios de Luisa González y Andrés Arauz. Durante los operativos se incautaron dispositivos electrónicos, documentos y otros indicios relevantes para rastrear el presunto flujo de dinero investigado, aunque no se registraron detenciones.

González, en una rueda de prensa posterior a los allanamientos, aseguró que su organización no ha recibido fondos ilícitos y que todos los ingresos de campaña fueron reportados conforme a la normativa vigente.

El rol del TCE

Posterior a ello, el 6 de marzo de 2026 el TCE suspendió a la RC, amparándose en el artículo 374 del Código de la Democracia. El juez Joaquín Viteri acogió el pedido y dispuso la medida, precisamente en un momento clave del calendario electoral.

Durante ese tiempo, el movimiento presentó quejas, impugnaciones y pedidos de nulidad, pero todos rechazados por el TCE. La defensa del movimiento cuestionó tanto la forma como el fondo de la decisión.

El abogado Gabriel Rivera argumentó que la solicitud no fue presentada por el fiscal general, como establece la ley, sino por una funcionaria de menor rango. Además, sostuvo que existe una incongruencia jurídica, ya que la investigación se desarrolla por delincuencia organizada, mientras que la norma invocada se refiere específicamente al delito de lavado de activos.

TCE ratifica la suspensión del movimiento Revolución Ciudadana

En paralelo, la suspensión coincide con el periodo de inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales. Esto podría dejar a la RC sin capacidad de participar con su propia estructura jurídica si no logra revertir la medida a tiempo.

¿Qué dicen las voces?

El abogado constitucionalista Santiago Machuca sostuvo que en este caso no se respetó el debido proceso. Explicó que la legislación vigente no contempla la suspensión de una organización política como una medida provisional, sino únicamente como una sanción posterior a un procedimiento de infracción electoral en el que se garantice el derecho a la defensa.

“No hay una medida provisional que permita la suspensión; esta solo puede aplicarse después de que se pruebe una infracción y se garantice el derecho a la defensa”, afirmó.

En esa línea, advirtió que la decisión adoptada equivale a aplicar una figura no prevista en el ordenamiento jurídico, lo que —según dijo— se traduce en una proscripción anticipada.

Machuca también señaló que existen límites temporales en el Código de la Democracia para aplicar sanciones que afecten la participación electoral. A su criterio, si una organización no fue suspendida dentro del plazo previo a la convocatoria a elecciones, no podría ser excluida del proceso.

Desde el ámbito político, la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Jahiren Noriega, interpretó la medida como una señal dirigida no solo a su organización. “No es solo un acto contra la Revolución Ciudadana, es un mensaje aleccionador para otras organizaciones”, afirmó. Advirtió que la decisión podría impactar a actores que cuestionan al Gobierno.

“Si tú sigues el camino de defender los derechos de la gente y denunciar la corrupción del Gobierno, las consecuencias son estas: la proscripción”, enfatizó Noriega.

Juez del TCE suspende por nueve meses al movimiento Revolución Ciudadana del registro electoral

Otros antecedentes de proscripción (2017-2026)

La proscripción de la RC en 2026 no es el único antecedente. Una serie de eventos se dan desde 2017:

• Bloqueo de registro (2017-2018): en el gobierno de Lenín Moreno, el Consejo Nacional Electoral negó en dos ocasiones la autorización para recolectar firmas y registrar el “Partido de la Revolución Ciudadana”. Posteriormente, se bloquearon intentos de legalización bajo otros nombres y se impugnaron directivas de aliados como el movimiento MANA.
• Inhabilitaciones judiciales (2019-2021): Se retiró el registro al movimiento Compromiso Social (aliado de la RC) bajo presión de la Contraloría. Este periodo coincidió con la celeridad de la justicia para sentenciar a Rafael Correa en el caso Sobornos. Esto le impidió participar como candidato en 2021.
• Hostigamiento electoral (2021-2025): durante las campañas, el movimiento enfrentó denuncias presuntamente sin pruebas de financiamiento por parte de grupos guerrilleros (caso ELN, luego archivado). Además, la alteración de escenarios políticos tras sucesos violentos, como el asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido cuando la candidata de la RC, Luisa González, lideraba las encuestas.
• Suspensión actual y cambio de calendario (2026): además de la suspensión actual, el CNE adelantó las elecciones seccionales de febrero de 2027 a noviembre de 2026. Una acción que redujo los plazos legales y restringió la capacidad de respuesta y participación de los referentes de esta fuerza.