Siete armas desaparecieron tras la captura de los asaltantes. Los peritos solo pudieron examinar un revólver inservible y cinco armas operativas.

En el expediente judicial 17U05-2024-00005, que relata la incursión terrorista contra TC Televisión, ocurrida el 9 de enero de 2024, subyace una contradicción técnica que marcó el desarrollo del juicio: la desaparición documental de siete armas de fuego entre el momento de la captura de los delincuentes y la entrega de pruebas periciales.

Mientras la Policía reportó inicialmente un arma por cada detenido, es decir, 13 armas de fuego; la ciencia forense solo pudo certificar la existencia de seis armas.

Tras la neutralización del ataque, el Teniente Coronel Luis Carrión, entonces subjefe de la Policía Judicial Zona 8, suscribió junto a su equipo un parte de aprehensión que no dejaba lugar a dudas: cada uno de los 13 implicados (11 adultos y dos menores) portaba un arma de fuego.

Durante la audiencia de juzgamiento, la Secretaria del Tribunal leyó la distribución detallada de ese informe policial:

• Pistolas: Asignadas a Jonathan Mora Padilla, Juan Carlos Pachito, Miguel Alejandro Brito y Adán Quiñonez.
• Revólveres: Atribuidos a Joshua Sánchez Rojas, Juan José Mendoza, Charles Suárez Vera y Héctor Ortiz Teyes.
• Escopetas (cartucheras): Registradas a nombre de Marlon Mero, Axel Medranda, Manuel Alexander Gutiérrez y Jorge Antonio Ayoví.
• Subametralladora: Asignada a Jordán Tigua Pincay.

Con este hecho se estableció una responsabilidad individual directa para cada asaltante. Sin embargo, al ser interrogado por las defensas de los procesados —durante la audiencia de juicio oral, pública y contradictoria, en septiembre de 2024—, el propio Teniente Coronel Carrión admitió que “en total son cinco armas de fuego”, aunque no pudo determinar a quién correspondía cada una.

Cinco armas y un revólver que no funcionaba

Cuando las evidencias llegaron a manos del perito acreditado en balística, la cifra oficial de 13 armas se redujo drásticamente. En su testimonio, el perito confirmó haber recibido bajo cadena de custodia únicamente seis armas de fuego reales:

1. Una escopeta industrial Mossberg calibre 12GA.
2. Una escopeta industrial Jaguar calibre 16.
3. Una subametralladora artesanal APROS 9mm.
4. Una pistola industrial Ruger 9mm con serie erradicada.
5. Un revólver industrial Taurus calibre 38.
6. Un revólver artesanal calibre 38 sin marca ni serie, que no funcionaba.

Según el perito, el arma seis “no se encontró apta para producir disparos”, debido a que tenía desprendido el seguro del tambor y la aguja percutora no incidía con fuerza suficiente.

Reclamo

Esta discrepancia por las 13 armas reportadas, pero solo seis halladas y periciadas, fue el pilar del alegato de clausura del abogado Hilario Villamar, defensor del procesado Charles Suárez Vera —fallecido este 13 de abril de 2026, en la Cárcel del Encuentro.

Villamar calificó el parte policial como una mentira procesal. “¿Dónde están las otras (armas) restantes?, ya que, si son seis y hay 13, habría una diferencia de siete, por lo cual es una nueva falacia que existe en este parte policial, por parte de la Policía”, indicó.

El jurista denunció que los agentes “inculpan a cada uno (de los detenidos), poniéndole un arma ficticia, aumentando las que realmente eran para tratar de incriminar a estas personas”.

La postura de Fiscalía

Ante el evidente vacío de armamento físico para cubrir a todos los sentenciados, el fiscal Carlos Bonoso León recurrió a la figura de la “asociación armada”.

En su contrarréplica, Bonoso argumentó que para configurar el terrorismo bajo el artículo 366 del COIP, el nexo causal “no va al porte de armas, no va al porte explosivo, no va a quien causó el daño”.

Según la tesis fiscal, al actuar como un grupo coordinado que incursionó conjuntamente, existía un “dominio funcional del hecho”. Esto permitió que, legalmente, los 11 adultos fueran sentenciados como autores directos, sin que importara si portaban una de las seis armas reales, una de las siete armas “ficticias” del parte policial o simplemente un teléfono celular para recibir órdenes del jefe.

El jefe sería Willian Alcívar, alias Negro Willy, La Firma o Comandante Willy, líder de Los Tiguerones. Él actualmente vive libre en España, ya que el gobierno ecuatoriano no cumplió “a tiempo con requisitos formales exigidos para su entrega”, indicó el juez de la causa.

Así, tras conocerse que seis de los procesados por este asalto murieron dentro de prisión y que la Fiscalía pidió destruir los equipos tecnológicos de los delincuentes, la huella de quién portaba qué aquella tarde de enero queda sepultada bajo los escombros de una logística criminal que la ciencia forense solo pudo probar a medias.

Todo esto dentro de un caso que ocasionó que el presidente Daniel Noboa decrete un conflicto armado interno en Ecuador. Una medida que se ha extendido hasta la actualidad.