El Comité contra la Desaparición Forzada pidió explicaciones al Estado sobre investigaciones, protección a las familias y salvaguardas para evitar violaciones a derechos humanos.

El segundo día del examen al Estado ecuatoriano ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) se instaló la mañana de este viernes en Ginebra, en medio de fuertes cuestionamientos sobre la forma en que el país investiga y responde a los casos de personas desaparecidas.

Durante la sesión, Belén Quelal, representante del Ministerio del Interior, informó que entre 2022 y 2025 se registraron 30.096 denuncias por desaparición involuntaria en Ecuador.

De ese total, 16.033 corresponden a niños, niñas y adolescentes, siendo el grupo más afectado el de 13 a 17 años.

Según la funcionaria, más de 15.000 menores han sido localizados con vida, mientras que 648 casos aún permanecen en proceso de búsqueda e investigación.

Preguntas del Comité sobre Fuerzas Armadas y derechos humanos

En el marco del examen, la relatora del Comité, Carmen Rosa Villa Quintana, planteó varias preguntas clave al Estado ecuatoriano relacionadas con las garantías para prevenir desapariciones forzadas y las posibles responsabilidades de agentes estatales.

Entre los temas abordados, cuestionó la reforma al artículo 158 de la Constitución y el proyecto de ley que debate actualmente la Asamblea Nacional para regular los llamados “apoyos complementarios” entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La relatora solicitó precisiones sobre qué salvaguardas legales existen para evitar violaciones a los derechos humanos en estos operativos y preguntó si el Estado suspende de sus funciones a militares que podrían estar implicados en casos de desaparición forzada, con el fin de evitar interferencias en las investigaciones.

Otro punto que generó cuestionamientos fue la transparencia en los operativos militares. El Comité pidió aclarar si las órdenes de operaciones emitidas durante intervenciones de las Fuerzas Armadas son públicas o si han sido declaradas reservadas.

Dudas sobre investigaciones y actuación de la Fiscalía

El Comité también pidió explicaciones sobre la metodología utilizada para investigar desapariciones y sobre la articulación entre Fiscalía, Policía y otras instituciones del Estado.

Entre las interrogantes planteadas está qué fiscalía tiene competencia para investigar estos casos, cuál es el rol de la Policía en la investigación penal y qué criterios utiliza la Fiscalía para abrir procesos bajo la hipótesis de desaparición forzada cuando existen indicios de participación de agentes estatales.

La preocupación surge, según explicó la relatora, porque el Comité ha conocido casos en los que las denuncias fueron descartadas prematuramente, poniendo en duda los testimonios de las familias y debilitando las investigaciones.

Además, solicitó información sobre las medidas de debida diligencia para localizar a las personas desaparecidas, así como sobre la aplicación de los principios rectores para la búsqueda de desaparecidos y su incorporación en los protocolos estatales.

Comité alerta sobre patrones preocupantes

Durante la sesión, la relatora advirtió que el Comité ha identificado patrones preocupantes en varias denuncias recientes de desaparición forzada.

Según señaló, en algunos casos existen indicios de participación de miembros de las Fuerzas Armadas, mientras que las autoridades tienden a cuestionar la veracidad de los testimonios de las víctimas y sus familiares, lo que puede retrasar o debilitar las investigaciones.

Villa Quintana también indicó que muchas de las denuncias provienen de barrios populares, especialmente en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos y Guayas, lo que podría evidenciar un patrón territorial en estos casos.

Amenazas y hostigamientos contra familiares

El Comité expresó además su preocupación por las amenazas y actos de hostigamiento contra familiares de personas desaparecidas, en particular contra mujeres buscadoras.

Según la información recibida por el organismo internacional, se han reportado intimidaciones, violencia basada en género, amenazas de muerte e incluso allanamientos a domicilios contra quienes impulsan denuncias o buscan a sus familiares.

Estas acciones, advirtió el Comité, han generado un clima de miedo y terror, además de graves afectaciones emocionales y psicológicas en las familias.

Ante este escenario, el CED instó al Estado ecuatoriano a adoptar medidas efectivas de protección para las víctimas y denunciantes, subrayando que la estigmatización de quienes buscan justicia no solo revictimiza a las familias, sino que también debilita los esfuerzos para investigar y esclarecer las desapariciones forzadas.

Comité también expresa preocupación por ataques a la Corte Constitucional

Durante el examen, el Comité también se refirió a recientes declaraciones del secretario jurídico de la Presidencia, quien sostuvo que la sentencia del denominado caso Malvinas no constituiría un precedente y que incluso podría ser modificada.

Frente a esas afirmaciones, el organismo recordó que las decisiones de la Corte Constitucional del Ecuador son definitivas e inapelables, y subrayó que esta institución es el máximo órgano de control y administración de la justicia constitucional en el país.

Además, el Comité expresó preocupación por los ataques dirigidos contra la Corte Constitucional, entre ellos episodios recientes de persecución, campañas de desprestigio y movilizaciones públicas en su contra, en las que se ha acusado al tribunal de “obstaculizar” la estrategia estatal de combate a la criminalidad.

En ese contexto, los expertos del Comité preguntaron al Estado ecuatoriano qué medidas existen para proteger a los funcionarios judiciales frente a presiones, hostigamientos o ataques, y cómo se garantiza la independencia del poder judicial dentro del actual enfoque de seguridad implementado por el Gobierno.

Traslado de presos

Además, se expresó preocupación por las liberaciones de personas privadas de libertad que se realizan durante la noche sin notificar a sus familiares.

El Comité preguntó al Estado qué medidas se han adoptado para prevenir desapariciones en estos casos, considerando que la falta de información y coordinación con las familias puede generar situaciones de alto riesgo para las personas liberadas.

Comité cuestiona reserva de información del Ministerio de Defensa

Otro de los temas abordados durante el examen fue el acceso a información en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

El Comité recordó que la normativa constitucional ecuatoriana establece que no se puede negar información cuando está vinculada a violaciones de derechos humanos.

No obstante, indicó que ha recibido reportes según los cuales el Ministerio de Defensa Nacional se habría negado a entregar información sobre patrullajes y operativos militares relacionados con casos de desaparición forzada.

Según lo expuesto ante el organismo, la institución habría justificado esta negativa señalando que se trataría de información confidencial o reservada.

Ante esta situación, los expertos del Comité preguntaron al Estado ecuatoriano si esta negativa es compatible con los principios constitucionales, especialmente con el deber de transparencia y la obligación de las instituciones públicas de colaborar plenamente en investigaciones relacionadas con graves violaciones a los derechos humanos.

La relatora Villa insistió en solicitar aclaraciones sobre por qué el Ministerio de Defensa se negaría a entregar información a la Fiscalía alegando “reserva de información”.

Según advirtió, esta práctica podría constituir una “clara obstrucción de la justicia por parte del Ministerio de Defensa”, en el contexto de las investigaciones sobre desapariciones forzadas.

Estado ecuatoriano responde

Leonardo Alvear, jefe de la delegación de Ecuador, sobre la rendición de cuentas indicó que cuando existe uso legítimo de la fuerza, se articulan informes internos para que se revise si esta acción fue legítima.

En caso que no sea legítimo, las FF.AA. cuentan con mecanismos internos de revisión, para que los funcionarios “no evadan su responsabilidad”, indicó.