La sentencia escrita contra el narcotraficante serbio revela inversiones en distintos sectores del país, mientras declaraban ingresos mínimos.

La reciente sentencia escrita contra el ciudadano serbio Jezdimir Srdan ha sacado a la luz la magnitud del patrimonio acumulado por el procesado y su pareja, Alexandra Fernández, durante un periodo en el que sus ingresos declarados no superaban los salarios mínimos de sus propias empresas.

El Tribunal de Garantías Penales ordenó el decomiso de una extensa lista de bienes inmuebles, vehículos de alta gama y maquinaria industrial, valorados en millones de dólares, que servían como fachada para integrar dinero del narcotráfico en la economía formal.

Samborondón, Salinas y Cuenca

La estructura de Srdan concentró sus adquisiciones en zonas de alta plusvalía, utilizando tanto sus nombres personales como las empresas Vivo Pro Vobis S.A. y Serviseg Cía. Ltda. para ocultar la propiedad real de los activos.

Uno de los puntos más emblemáticos de la investigación fue un solar en la Isla Mocolí. Un terreno de 447,62 metros cuadrados adquirido en junio de 2020, por USD 100.000.

Aunque inicialmente fue objeto de incautación, el Tribunal determinó que el pago fue realizado por el exesposo de Fernández, por lo que fue excluido del decomiso final.

No obstante, en la zona de La Puntilla, se ratificó el decomiso de una oficina en el Edificio D.Q., valorada en USD 145.343 y pagada íntegramente en efectivo.

En el balneario de Santa Elena, la pareja adquirió un departamento en el Edificio A., junto con una bodega y un parqueadero. Aunque la escritura pública registró un valor de USD 75.612, investigaciones posteriores y documentos de reconocimiento de firmas sugieren que el pago real ascendió a USD 115.000, entregados en efectivo en una funda fuera de una entidad bancaria.

Pero no es todo. La expansión llegó hasta Cuenca, donde adquirieron un departamento en el Condominio R.A. Una propiedad con un área exclusiva de 214,24 metros cuadrados comprada en marzo de 2021, por USD 230.000. Durante los allanamientos en este inmueble, se encontraron muebles con cajones de doble fondo diseñados para ocultar documentos y dinero.

Oficinas estratégicas en Guayaquil y propiedades rurales

En Guayaquil, Srdan y Fernández poseían una oficina en el Edificio P., en la céntrica calle 9 de Octubre. El inmueble, de unos 74 metros cuadrados, fue registrado con un valor de adquisición de USD 24.000, aunque su avalúo comercial es considerablemente superior.

Asimismo, el esquema incluyó una compleja transacción por una hacienda camaronera en el sector Junquillal (parroquia El Morro).

La compañía Boncamarao S.A. transfirió a Vivo Pro Vobis S.A. un terreno de 89.44 hectáreas por un valor escriturado de USD 290.000. La Fiscalía demostró que esta venta fue simulada y subvalorada, ya que el terreno había sido comprado apenas un año antes por USD 380.000 y no existen registros bancarios que confirmen el flujo de dinero en esta negociación.

Flota de vehículos y maquinaria industrial

Sin embargo, Srdan no solo invertía en ladrillo. El Tribunal ordenó el decomiso de una flota utilizada para la operatividad de la camaronera y el transporte personal:

• Maquinaria pesada: Dos excavadoras oruga (marcas Komatsu y Doosan) adquiridas por USD 85.000 y USD 89.600 respectivamente, además de tractores y volquetas Mercedes Benz. Todos estos bienes fueron pagados al contado y en efectivo.
• Vehículos y motos: Entre los bienes decomisados constan camionetas Great Wall Wingle 7 (años 2021 y 2023), un camión JAC y motocicletas de lujo marca KTM (modelos Super Adventure) valoradas en más de USD 32.000 cada una. También se identificó el uso de vehículos blindados como una Toyota Sequoia y una Ford F-150.

Incongruencia financiera

La defensa de Fernández intentó justificar este patrimonio mediante declaraciones sustitutivas ante el SRI, realizadas apresuradamente en octubre de 2023, tras enterarse de la investigación.

En un solo día, la procesada elevó sus ingresos declarados de USD 250.000 a más de USD 2.1 millones, alegando que el dinero provenía de su ejercicio como abogada y que lo mantenía “bajo el colchón” por temor a la inseguridad bancaria.

El Tribunal rechazó esta tesis, señalando que no existen facturas ni clientes que respalden tal fortuna, concluyendo que el dinero es producto directo del narcotráfico.Se difirió audiencia contra el serbio Jezdimir Srdan, presunto líder de red de narcotráfico transatlántica