La empresa dejó una infraestructura seriamente afectada al momento de la reversión, se advierte.

El Frente de Defensa Petroleo Ecuatoriano alertó que, en un informe técnico, contratado por el propio Ministerio de Energía y Ambiente, se determina que la empresa privada, que operó en el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), tuvo una gestión ineficiente e incumplió con temas contractuales, dejando un perjuicio al Estado por USD 94,38 millones.

La evaluación técnica detalla que los equipos e instalaciones críticas del OCP presentan un deterioro avanzado, obsolescencia y falta de mantenimiento, comprometiendo la seguridad, confiabilidad y continuidad del sistema.

“Esta realidad descarta cualquier posibilidad responsable de privatización en las condiciones actuales”, se agrega en el comunicado.

El informe elaborado por la empresa Tecnie Oil & Energy evidenciaría que la operadora privada no cumplió con su obligación contractual de mantener el oleoducto en condiciones adecuadas.

“La empresa dejó una infraestructura seriamente afectada al momento de la reversión”, se reitera.

El Frente de Defensa Petrolera detalló que el Estado deberá invertir más de USD 94 millones para:

• Restauración de tanques
• Restauración de ductos
• Restauración de sistemas de protección
• Reparación de estaciones
• Restauración de equipos críticos
• Restauración de facilidades marítimas

“Fueron años de mantenimiento insuficiente”, se menciona.

Otro de los temas que llama la atención de la organización es que la empresa privada no repuso la tubería entregada en préstamo por parte de Petroecuador y utilizada para atender emergencias por eventos de fuerza mayor, incumpliendo lo establecido en la cláusula 17.2 del contrato.

Con todos estos antecedentes el Frente cuestionó cómo es que el Gobierno asumió la administración del OCP, el 30 de noviembre de 2024, sin pedir respuestas a la empresa privada.

“Han transcurrido 14 meses, aún no se han ejecutado las acciones necesarias para exigir las responsabilidades”, puntualiza.

La organización solicitó la intervención de la Contraloría, mediante una auditoría especial al proceso de transferencia, administración y operación del OCP durante el periodo de gestión privada.