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Radio Pichincha repasa las polémicas del Gobierno de Daniel Noboa, los conflictos que rodean a varios de sus ministros y asambleístas, las acusaciones de narcotráfico que salpican a su entorno político y los silencios oficiales frente a casos que siguen sin respuesta.
Ocho meses después de haber iniciado su segundo periodo presidencial, en mayo de 2025, el Gobierno de Daniel Noboa enfrenta un desgaste progresivo. Las polémicas, los silencios oficiales, los constantes viajes y la falta de respuestas políticas en temas sensibles erosionan la imagen del Presidente, de su gabinete y de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional. Casos como:
- Los generadores inservibles por USD 140 millones
- El conflicto diplomático con Colombia tras el arancel del 30% a las importaciones impuesto por Noboa
- La suspensión de energía desde el vecino país
- El aumento de la violencia con más de 9.000 homicidios en 2025
- La inconclusa cárcel del Encuentro
- Las acusaciones que salpican a la asambleísta Rosa Torres y al entorno de Mishel Mancheno
- El decomiso de 2,6 toneladas de cocaína en Posorja vinculado a Blasti S.A.
- Los señalamientos sobre Noboa Trading
- Las disputas legislativas con la Revolución Ciudadana, las querellas y fiscalizaciones selectivas
- Los silencios frente a casos como Progen, ATM, HealthBird
- Las derivaciones del IESS y la crisis hospitalaria
- La compra de medios por parte de figuras de ADN
- El financiamiento de marchas contra la Corte Constitucional
- El juicio político a Mario Godoy
Esos hechos ocurridos en los últimos meses envuelven al Gobierno de Noboa en un desgaste político sostenido que se agudiza con el paso de los meses. Ese deterioro ya se refleja en los indicadores internacionales. La firma CB Consultora ubicó a Noboa en el séptimo lugar del ranking de presidentes mejor valorados de América Latina. En meses anteriores llegó a ocupar el quinto puesto. Hoy registra una valoración negativa del 57,5%, una cifra que marca un retroceso a su gestión pasiva.
Conflictos externos, crisis internas y cuentas pendientes
El deterioro se agudizó con el reciente choque diplomático con Colombia. El episodio se activó el martes 20 de enero de 2026, cuando el presidente colombiano, Gustavo Petro, solicitó la liberación del exvicepresidente Jorge Glas, quien permanece privado de libertad desde el 5 de abril de 2024. Días antes, a finales de diciembre de 2025, su abogada Sonia Vera denunció que el Estado ecuatoriano creaba condiciones que ponían en riesgo la vida de su defendido.
Un día después de ese pronunciamiento, Daniel Noboa anunció la imposición de un arancel del 30% a las importaciones provenientes de Colombia. La respuesta fue inmediata. El Ministerio de Minas y Energía del país vecino suspendió las Transacciones Internacionales de Electricidad hacia Ecuador. El Gobierno de Petro justificó la medida como preventiva, debido a la variabilidad climática y a la necesidad de resguardar su seguridad energética.
Esa coyuntura eléctrica revive un antecedente oscuro para el actual régimen. En 2024, Ecuador enfrentó una crisis energética que dejó cortes de hasta 14 horas diarias. En ese contexto, el Estado contrató generadores que resultaron inservibles, con un perjuicio que alcanzó los USD 140 millones. Durante ese periodo, la cartera de Energía estuvo a cargo de Inés Manzano y Roberto Luque. Los apagones generaron pérdidas económicas y sociales millonarias. Hasta hoy no existen sanciones políticas ni administrativas. Ese silencio también pesa sobre la figura presidencial y la de sus ministros.
Una figura ausente, seguridad, narcotráfico y una agenda legislativa selectiva
Por otro lado, Noboa ha optado por mantenerse fuera del país. Desde diciembre de 2025 hasta enero de 2026, no ha interrumpido su agenda de viajes ni sus períodos de descanso (del 1 al 18 de enero de 2026). Hasta el momento, acumula más de 30 desplazamientos internacionales y se prevé que continúe viajando durante el resto del mes. Es decir, la figura con mayor capital político de ADN permanece ausente del territorio nacional.
La inseguridad sigue como uno de los principales flancos del Gobierno. El país cerró 2025 con más de 9.000 homicidios intencionales, la cifra más alta registrada. El ministro del Interior, John Reimberg, y el de Defensa, Gian Carlo Loffredo, no lograron contener el avance del crimen organizado, pese a que en redes sociales se difunden constantes operativos, sin resultados visibles. Loffredo incluso enfrentó un juicio político por el caso de la desaparición de los cuatro niños de Las Malvinas. A eso se suma que la denominada “cárcel del Encuentro”, presentada como obra emblemática, sigue inconclusa.
Miembros de ADN presuntamente vinculados al narcotráfico
El discurso de “mano dura” también se ve golpeado por señalamientos que alcanzan a figuras del oficialismo. La asambleísta Rosa Torres fue vinculada a personas cercanas al crimen organizado, tras la difusión de videos en redes sociales. Entre ellas apareció Micaela Morales, pareja de Stalin Olivero Vargas, alias ‘Marino’, líder de Los Lagartos, asesinado en una masacre en la isla Mocolí, a inicios de enero de 2026.
Otro nombre bajo cuestionamiento es el de Mishel Mancheno, asambleísta de ADN y primera vicepresidenta de la Asamblea. Su entorno aparece relacionado con un proceso por narcotráfico que inició en flagrancia y hoy acumula retrasos. Una investigación de Radio Pichincha reveló la incautación de más de 2,6 toneladas de cocaína en el puerto DP World Posorja. La droga se encontraba en un contenedor con cacao en grano, vinculado a la empresa Blasti S.A. Su gerente general es Álvaro Ignacio Guivernau Becker, esposo de Mancheno.
Ahora, Guivernau también figura como directivo de Noboa Trading, empresa mencionada en informes internacionales. El Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado señaló que presuntos narcotraficantes de los Balcanes afirmaban tener acceso para contaminar contenedores de banano de esa compañía.
Un legislativo a merced del Gobierno
En paralelo, la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) mantiene una confrontación constante con la Revolución Ciudadana (RC). La agenda legislativa prioriza querellas, sanciones, dilaciones y fiscalizaciones selectivas. Mientras tanto, casos como los generadores inservibles de Progen y ATM, los hechos violentos del paro nacional, la cárcel del Encuentro, la muerte de neonatos en hospitales públicos y otras crisis siguen sin resolverse en las comisiones oficialistas.
Silencios incómodos que se acumulan
Ahora, aunque el año pasado cerró con la declaratoria de “información reservada” sobre la fallida contratación de la startup estadounidense HealthBird para incorporar tecnología en el sistema de salud, el patrón de silencios del Gobierno de Daniel Noboa se extiende por otros frentes. En distintos casos, el Ejecutivo evita responder preguntas de la prensa y de la ciudadanía, pese a la gravedad de los temas involucrados.
Uno de los asuntos sin explicación oficial es el enriquecimiento de un reducido grupo privado a través de las derivaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), un esquema que involucró a Edgar Lama y a su entorno familiar. Este escenario contrasta con la realidad de afiliados y jubilados, que siguen a la espera de una atención médica oportuna y de calidad.
El silencio también alcanza a la crisis estructural del sistema de salud pública. Durante este periodo pasaron cinco ministros por esa cartera, sin que se logre revertir problemas persistentes como el desabastecimiento de medicinas e insumos, la falta de especialistas, la precariedad de la infraestructura y las deficiencias en la atención. En ese contexto, el exministro Jimmy Martin fue llamado a juicio político, un proceso que no avanzó y terminó archivado en la Comisión de Fiscalización. Otro funcionario salvado por miembros afines al Gobierno.
A este listado se suman otros casos sin pronunciamiento del Ejecutivo. Entre ellos, la compra de la empresa Levascan, vinculada al portal digital La Posta, y la adquisición del 80% de Holdingvision, productora de contenidos de Radio Centro, por parte de Galamedios, empresa del legislador alterno de ADN, Luis Alvarado Campi. Tampoco existió una postura oficial sobre el financiamiento de marchas y pancartas contra jueces de la Corte Constitucional en Guayaquil y Quito, durante el análisis de las preguntas del referéndum y la consulta popular de 2025.
La misma falta de claridad se repite en otros episodios. El Gobierno respondió de forma tardía y confusa a los casos Porsche Cayenne, al atentado en la Bahía de Guayaquil, a la deuda tributaria de Bananera Noboa, al proyecto minero Loma Larga y, más recientemente, a la controversia que rodea al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Este último enfrenta un juicio político en la Asamblea por presuntas presiones a un juez anticorrupción para modificar una sentencia contra un narcotraficante serbio, lo que implicaría casos de corrupción dentro de la justicia.
Finalmente, el Gobierno de Daniel Noboa parece administrar las crisis más desde el silencio que desde la acción. Los problemas se acumulan, las explicaciones no llegan y las responsabilidades se diluyen. Mientras tanto, la agenda oficial se dispersa entre confrontaciones políticas y disputas coyunturales, lo que deja en segundo plano las respuestas que el país espera. El desgaste no proviene solo de la oposición ni de los conflictos externos, sino de una gestión que, a ocho meses de iniciado el periodo, todavía no logra convertir el discurso en resultados.
Marco Criollo
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