.gif)
Relaciones empresariales con el entorno presidencial, presuntos vínculos con el narcotráfico y denuncias de injerencia política en la justicia colocan bajo cuestionamiento a legisladoras de ADN y al propio Daniel Noboa.
En medio de un discurso oficial que promete ‘mano dura’ contra el narcotráfico y la inseguridad, legisladoras de Acción Democrática Nacional (ADN) aparecen rodeadas de cuestionamientos que el oficialismo evita responder con claridad. Registros audiovisuales, nexos con círculos cercanos al narcotráfico y denuncias de presunta injerencia política en la justicia ‘salpican’ a las representantes de Daniel Noboa en el Parlamento.
Rosa Torres y las fotos que no se explican
El primer caso es el de Rosa Torres, asambleísta oficialista y presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea. En redes sociales se viralizaron videos y fotografías que la muestran en una fiesta en Madrid, España, junto a mujeres señaladas por su cercanía con estructuras criminales.
Entre ellas figura Micaela Morales, prometida de Stalin Rolando Olivero Vargas, alias ‘Marino’, identificado como cabecilla del grupo criminal Los Lagartos, asesinado en una masacre ocurrida en la isla Mocolí a inicios de enero de 2026. En el material también aparecen influencers que exhiben viajes frecuentes, bienes de alto valor y un estilo de vida difícil de justificar sin ingresos visibles.
El 12 de enero, Torres respondió. Negó cualquier vínculo, afirmó que las imágenes son antiguas y calificó los señalamientos como “falsos”. Aseguró que todo coincide con el debate de reformas judiciales impulsadas desde la comisión que preside, sugiriendo un intento de desacreditar su gestión. “No hubo ninguna concertación. No conozco a esas personas”, dijo.
Pese a la negativa, en redes sociales quedan rastros de interacciones con al menos una de las mujeres que aseguró no conocer. Nicole Pinilla, quien aparece en uno de los videos, comenta publicaciones de la propia legisladora en Facebook e Instagram.
2,6 toneladas de cocaína halladas en un contenedor ‘salpica’ a Mishel Mancheno
El segundo foco de atención es Mishel Mancheno, asambleísta de ADN y primera vicepresidenta de la Asamblea. Su nombre aparece ligado, de forma indirecta, a un proceso por narcotráfico que comenzó como flagrancia y hoy acumula retrasos.
Una investigación de Radio Pichincha reveló que el caso se originó tras la incautación de más de 2,6 toneladas de cocaína en el puerto DP World Posorja, en Guayas. La droga estaba oculta en un contenedor con cacao en grano, con código CMAU6606509, vinculado a la empresa Blasti S.A.
El operativo se ejecutó entre el 27 y 28 de marzo de 2025. La Policía detectó la droga con apoyo de un can antidrogas y decomisó dos dispositivos GPS, presuntamente usados para rastrear el contenedor contaminado. El parte policial muestra una manipulación y clonación del contenedor que se habría realizado en los patios de Blasti, donde ingresaron dos contenedores con la misma numeración en horarios distintos.
Blasti S.A. y su relación con Mishel Mancheno
Blasti S.A. se dedica al almacenamiento y depósito de productos a granel. Según la Superintendencia de Compañías, su gerente general es el chileno Álvaro Ignacio Guivernau Becker, esposo de Mishel Mancheno. La presidencia de la empresa está en manos de Silka Sánchez, apoderada y persona cercana a Álvaro Noboa, padre del presidente Daniel Noboa.
Ahora, el esposo de Mancheno también ocupa otros cargos dentro del conglomerado Noboa: es directivo de Noboa Trading, gerente de Exportadora Noboa S.A. y presidente de Agroindustrias San Esteban, empresa cuestionada en 2024 por contratos millonarios de desayuno escolar.
Noboa Trading y antecedentes que incomodan
En ese sentido, Noboa Trading no es una empresa ajena a investigaciones. Un informe del Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado reveló que presuntos narcotraficantes de los Balcanes aseguraban tener acceso para contaminar contenedores de banano de esa compañía entre 2020 y 2021.
La revista colombiana Raya informó que, entre 2020 y 2022, se incautaron cerca de 700 kilos de cocaína en tres contenedores de la empresa en Guayaquil. Además, los Pandora Papers señalan que Daniel Noboa y su hermano John serían beneficiarios finales de Lanfranco Holdings S.A., accionista mayoritaria de Noboa Trading.
En el debate presidencial del 23 de marzo de 2025, Noboa negó ser dueño de la empresa y afirmó que siempre colaboró con la Fiscalía. La información disponible muestra que, al menos, los vínculos familiares y societarios existen.
Un proceso que se dilata
Pese a tratarse de un caso de flagrancia, el proceso contra Blasti S.A. se fue diluyendo. El 22 de abril de 2025, un juez sustituyó la prisión preventiva de tres procesados por medidas sustitutivas. La audiencia preparatoria de juicio fue diferida varias veces y quedó fijada recién para el 6 de febrero de 2026. La droga fue destruida el 16 de mayo de 2025, en Cayambe.
Denuncias de injerencia judicial en Chimborazo
Las acusaciones y vínculos no terminan ahí. Asambleístas de la Revolución Ciudadana denunciaron una presunta red de injerencia política en la justicia de Chimborazo, que habría paralizado investigaciones sensibles desde la llegada de Mario Godoy a la presidencia del Consejo de la Judicatura. Actualmente, esa autoridad enfrenta un juicio político en la Asamblea Nacional por presunto incumplimiento de funciones.
Estas acusaciones apuntan directamente a Mishel Mancheno. Fotografías públicas evidenciarían cercanía entre Mancheno, su esposo Guivernau y el propio Godoy.
Uno de los señalamientos principales —nuevamente— gira en torno a la empresa Noboa Trading, presidida por Guivernau desde diciembre de 2024. Esta compañía, como se mencionó anteriormente, mantiene una investigación abierta en la Fiscalía por presunto tráfico de cocaína, que avanzó en 2024 y quedó paralizada en 2025, coincidiendo con la gestión de Godoy.
El ‘caso Altares’ y la justicia inmóvil
Las acusaciones también se dirigieron al director provincial de la Judicatura, Alex Sánchez, a quien se identificó como amigo cercano y excompañero universitario de Mancheno. Las evidencias muestran su participación en actos políticos de ADN, lo que comprometería la independencia judicial.
Este entramado explicaría, a criterio de legisladores de la RC, la falta de avances en el denominado ‘caso Altares’, una investigación por presunto tráfico de influencias, lavado de activos y compra de cargos públicos en el Municipio de Riobamba. La denuncia data de 2023 y derivó en allanamientos en 2025 que incluyeron a concejales y a Roberto Mancheno, primo de la asambleísta.
Sin embargo, pese a la existencia de chats, testigos y movimientos financieros documentados, el proceso sigue estancado.
Suegro de Mishel Mancheno en Galamedios
A la par, Víctor Eduardo Guivernau Escobedo, suegro de Mishel Mancheno, figura como gerente general de Galamedios, empresa que adquirió recientemente La Posta y Radio Centro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comente