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El traslado de la esposa del presidente a Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial, reabre el debate sobre el uso del avión presidencial y la posible afectación de fondos del Estado para fines no oficiales.
La presencia de Lavinia Valbonesi en Davos, Suiza, junto a Daniel Noboa, ha generado una nueva polémica en el país.
Aunque el mandatario participa en el Foro Económico Mundial 2026 con una agenda institucional -que incluye reuniones con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y líderes empresariales-, el viaje de la primera dama ha sido objeto de cuestionamientos por un posible uso de recursos públicos en beneficio de un proyecto privado.
Valbonesi, quien se presenta públicamente como “primera servidora” desde que Noboa asumió la Presidencia en noviembre de 2023, difundió en redes sociales mensajes e imágenes del viaje, señalando que realizó gestiones para el proyecto ANA, una iniciativa privada orientada -según su discurso- al apoyo de mujeres.
Sin embargo, no precisó si su traslado, estadía y logística fueron financiados con recursos propios o con fondos del Estado, ni detalló una agenda oficial reconocida por el Gobierno que justifique su presencia en Davos.
Las críticas se intensificaron luego de que la abogada Soledad Angus cuestionara abiertamente el viaje.
“Viaja con fondos públicos y nos dice de frente que fue a realizar gestiones en favor de su fundación privada ‘a favor de las mujeres’, en un gobierno que eliminó el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos”, escribió en redes sociales.
A ese reclamo se sumaron mensajes de usuarias y usuarios que ponen en duda la efectividad del proyecto ANA.
“Las personas que trabajan en ANA nunca contestan llamadas, mensajes ni correos. Hay miles de comunidades de mujeres productoras que requieren apoyo y nadie se hace presente”, señaló un comentario que circuló ampliamente.
Otros mensajes fueron más duros y vincularon el viaje con la desaparición de la cartera de la Mujer.
“Para eso eliminaron el ministerio: para que los impuestos vayan directo a una fundación privada que no ayuda a nadie”, escribió otro usuario, en una crítica que se replicó en varias plataformas.
¿Uso de avión presidencial y fondos del Estado?
El 19 de enero, Noboa arribó a Suiza a bordo del avión presidencial. De la aeronave descendieron el presidente, Valbonesi y su comitiva.
El uso de este bien estatal implica costos que asume el Estado: combustible, mantenimiento, tripulación, logística y operativos, cubiertos con presupuesto de la Presidencia de la República y de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Aunque no existe un “pasaje” individual, el gasto público es real.
Para el abogado en derecho administrativo Franklin Barriga, el punto clave está en la finalidad del viaje.
“El uso de este bien estatal fuera de misiones oficiales puede configurarse como uso indebido de fondos del Estado o peculado”, explicó.
Recordó que el Código Orgánico Integral Penal sanciona el uso indebido de bienes públicos cuando existe un beneficio particular o un gasto no justificado en función del interés público.
Si bien la primera dama no es funcionaria electa ni tiene un mandato constitucional con prerrogativas propias, Barriga advierte que el análisis jurídico se centra en si hubo o no una justificación oficial del gasto.
“Si se demuestra que los recursos públicos se emplearon para fines privados, podría encuadrarse en una infracción penal”, señaló.
Antecedentes y contexto político
No es la primera vez que Valbonesi y Noboa enfrentan cuestionamientos. En meses anteriores, el excandidato presidencial Yaku Pérez presentó una denuncia por presunto tráfico de influencias y cohecho, relacionada con una empresa minera y donaciones a una fundación vinculada a la primera dama.
El caso fue archivado por la justicia por falta de elementos suficientes, pero dejó instalado el debate sobre los límites entre lo público y lo privado.
En medio de la controversia, Valbonesi rechazó reiteradamente las acusaciones de lucro y ha sostenido que ni ella ni el presidente se benefician de su posición más allá de las funciones oficiales.
Sin embargo, el viaje a Davos vuelve a poner bajo escrutinio el uso de recursos del Estado y la ausencia de claridad sobre el financiamiento y el carácter oficial de sus actividades en el exterior.
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