
La enmienda constitucional tiene dos rutas: el Presidente puede enviarla directamente a la Corte Constitucional para un referendum, o su bancada puede presentar un proyecto en la Asamblea para evitar las urnas. Esta segunda opción toma más de un año y exige 101 votos en el Pleno.
Daniel Noboa insiste en avanzar con las propuestas que la ciudadanía ya rechazó en las urnas. Lo dijo este jueves, 27 de noviembre de 2025, en una entrevista en la que aseguró que el revés electoral no altera su hoja de ruta. Su apuesta, repitió, será la vía de las enmiendas constitucionales, un camino que exige referéndum aprobatorio o el apoyo de la Asamblea Nacional.
Además, cualquier propuesta que pretenda modificar la Constitución debe pasar obligatoriamente por la Corte Constitucional (CC), ente que en los últimos meses tuvo conflictos con el presidente Noboa por declarar inconstitucional varias leyes “urgentes” aprobadas por la Asamblea (Ley de Solidaridad Nacional e Integridad Pública). De hecho, Noboa lanzó una campaña de presión, de desprestigio y de estrategia legal que buscaba restringir su control, pero no prosperó.
Ahora, el Gobierno prevé insistir en cambios a la Constitución, pese al rechazo de más del 60% de la ciudadanía en las urnas. ¿Qué vías le quedan al Presidente? Entre otras posibilidades —y es la menos probable—, el Gobierno podría convocar nuevamente a una consulta popular para insistir en una Asamblea Constituyente o reenviar, otra vez, sus reformas parciales y enmiendas constitucionales.
Enmiendas constitucionales
La primera vía es la enmienda constitucional que, en teoría, solo modifica la Constitución sin tocar su estructura central. No son reformas profundas, sino ajustes que, según el texto constitucional, aclaran o agregan artículos sin alterar los fundamentos del Estado. La Constitución fija cuatro límites: no pueden alterar la organización del texto, los procedimientos para reformarlo, los elementos constitutivos del Estado ni restringir derechos. Hay dos rutas:
1.- Iniciativa presidencial
Daniel Noboa puede enviar directamente sus propuestas a un referéndum. Este camino evita el trámite en la Asamblea, pero requiere dos controles de la Corte Constitucional.
- Primera revisión: determina si el cambio puede tratarse como enmienda. No tiene plazo.
- Segunda revisión: analiza las preguntas y la convocatoria. Tiene un plazo de 20 días.
Si supera ambas fases, la propuesta pasa a votación popular.
2.- Iniciativa de su bancada en la Asamblea
Existe otra vía: la iniciativa legislativa. Esta es, además, el único camino que evita pasar por las urnas. Un detalle viable para el Gobierno, considerando su choque reciente con la Corte y su estrepitosa derrota del 16 de noviembre de 2025.
En este escenario, sería ADN —la bancada oficialista— quien presente el proyecto. Para abrir el trámite necesita 50 firmas. Es un requisito que puede cumplir sin problemas. Después viene el proceso legislativo: dos debates, aunque el segundo solo puede realizarse un año después del primero. Para aprobar la reforma, ADN necesita 101 de los 151 votos.
Ahí aparece el verdadero obstáculo para el Gobierno. ADN no tiene ese número de votos en el Pleno. En sus mejores jornadas legislativas llegó a 85 apoyos.
Para conseguirlo, el oficialismo tendría que sumar a sus legisladores, los votos de todo el movimiento Pachakutik, PSC y otros aliados. Y, además, necesitaría que al menos 17 asambleístas de la Revolución Ciudadana se unan a esa mayoría. En otras palabras, la tarea luce cuesta arriba para las ambiciones del Gobierno.
Propuestas inviables del Gobierno de Noboa
No obstante, hay propuestas del Ejecutivo que, incluso si consiguen votos, ya nacen sin destino. El intento de sacar a las personas privadas de libertad del grupo de atención prioritaria, una idea que el Presidente repite en cada entrevista o pronunciamiento, no puede tramitarse.
Tampoco la castración química para violadores. La Corte ya descartó esas vías. En el segundo caso, además, señaló que afecta la integridad física y que el Gobierno no logró explicar cómo aplicaría la medida ni aportar evidencia que la respalde.
En cuanto al retiro de derechos para las personas privadas de libertad, ni siquiera una Asamblea Constituyente podría aprobarlo. Son derechos adquiridos. Existe el principio de no regresividad. Además, las garantías mínimas constan en tratados internacionales firmados por Ecuador.
Reforma parcial a la Constitución
Otra posible ruta para el Ejecutivo es la reforma parcial de la Constitución. Este mecanismo solo aplica cuando la propuesta no limita derechos, no altera garantías constitucionales y tampoco modifica las reglas para reformar la propia Carta Magna.
Si el Presidente opta por esta vía, el trámite inicia en la Asamblea Nacional. El proyecto debe discutirse en dos debates. El segundo se realiza, como mínimo, 90 días después del primero. Si el Legislativo aprueba el texto, la decisión final queda en manos de la ciudadanía mediante un referéndum que debe convocarse en 45 días. Otro escenario repetitivo que, posiblemente, resulte en otra derrota para el Gobierno.
Así, la única vía que le queda a Noboa es una propuesta que parta desde su bancada legislativa. Las demás obligan a una votación popular, un escenario riesgoso y poco viable para el Gobierno, ya que la ciudadanía rechazó sus cuatro propuestas anteriores. A pesar de ello, alcanzar más de 100 votos para aprobar una enmienda también resulta complejo. No existe diálogo ni acuerdo entre bancadas. La semana pasada se registró un intento de acercamiento que fracasó.
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