Expertos alertan que el sistema público enfrenta su propia crisis estructural y no podría absorber la carga del Seguro Social.

El presidente Daniel Noboa reabrió el debate sobre el futuro del sistema de salud pública en Ecuador al insistir en que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) debe dejar de ser prestador de servicios médicos y centrarse únicamente en la administración de fondos y pensiones.

La propuesta, que plantea trasladar la atención sanitaria al Ministerio de Salud Pública (MSP), despierta más dudas que certezas: ¿está realmente el MSP en condiciones de asumir las prestaciones del IESS?

Noboa anticipó que el proceso de transición podría tomar entre seis y nueve meses, pero los expertos advierten que los retos logísticos, financieros y humanos serían mucho más profundos.

El IESS cuenta con 34.332 funcionarios y con una red consolidada de 102 unidades médicas, divididas en 46 de primer nivel (centros y puestos de salud), 53 de segundo nivel (hospitales básicos, generales y del día) y tres de tercer nivel: el Carlos Andrade Marín, el Teodoro Maldonado Carbo y el José Carrasco Arteaga, que concentran la atención especializada del país.

Por su parte, el MSP administra cerca de 1.989 establecimientos entre hospitales, centros y subcentros, pero enfrenta una grave crisis de abastecimiento y deterioro.

Según el informe que motivó la emergencia sanitaria, el promedio general de medicamentos disponibles es del 61%, y cuatro hospitales -Monte Sinaí, Enrique Ortega Moreira, Portoviejo y Gustavo Domínguez- operan con menos del 30% de abastecimiento.

Aunque se requieren USD 95 millones para cubrir el déficit, el Ministerio solo dispone de USD 50 millones por restricciones presupuestarias.

Esto significa que el MSP debería absorber la atención de los más de 3,5 millones de afiliados del IESS en medio de una emergencia de medicamentos, con presupuestos incompletos y hospitales desabastecidos.

Recorridos legislativos revelan la crisis del sistema de salud

La propuesta del Ejecutivo llega en medio de un panorama crítico del sistema público de salud.

Durante las últimas semanas, asambleístas de la Revolución Ciudadana realizaron varios recorridos por hospitales del MSP en diferentes provincias, constatando infraestructura deteriorada, falta de medicamentos, equipos dañados y demoras en atención.

En Quito, Cuenca y Guayaquil, los legisladores documentaron la falta de insumos básicos, salas de emergencia saturadas y quirófanos fuera de servicio.

Estas constataciones respaldan la preocupación de médicos y analistas que consideran que el MSP no puede asumir esas competencias.

Un sistema colapsado y con deudas

El médico Santiago Valverde, quien considera que el actual sistema de salud pública “está colapsado” y que los aportes de los trabajadores se diluyen en un esquema ineficiente.

“Tenemos un aporte obligatorio que grava al trabajador y al empleador, pero a cambio reciben un servicio casi inexistente y de pésima calidad. El dinero termina sirviendo para los problemas de liquidez del Gobierno o para sostener una burocracia indolente”, señala.

La advertencia técnica: trasladar la atención al MSP sería un error

En cambio, el analista en administración hospitalaria, Santiago Cuello, considera que la idea de trasladar las prestaciones médicas del IESS al MSP sería “una medida equivocada y de alto costo social”.

“El sistema público ya está sobrecargado y con recursos insuficientes. Incorporar a millones de afiliados no mejoraría la cobertura, sino que colapsaría aún más la atención. La red de hospitales del IESS, con todas sus deficiencias, tiene niveles de especialización que el MSP no puede igualar”, sostiene.

Cuello alerta además que la propuesta podría distorsionar la naturaleza contributiva del sistema.

“Si el IESS entrega sus fondos al MSP, estaríamos utilizando recursos de los afiliados para subsidiar un servicio universal. La solidaridad debe operar entre quienes aportan, no con toda la población”, concluye.

“Se requeriría una reforma constitucional”

El médico, Daniel Rodríguez, advierte que la propuesta presidencial no solo tiene implicaciones operativas, sino también constitucionales.

“El artículo 369 de la Constitución establece que las prestaciones de salud del seguro universal deben otorgarse a través de la Red Pública Integral de Salud, que incluye al IESS. Para transferir esas funciones al Ministerio, habría que reformar la Constitución y crear un nuevo sistema nacional de salud”, explica.

Rodríguez recuerda además que la Carta Magna prohíbe expresamente la privatización de la seguridad social.

El problema no es el modelo, sino la falta de inversión

El médico investigador Esteban Ortiz fue contundente: “¡Imposible! El IESS está más que capacitado para seguir como prestador de salud. Lo que falta es inversión, infraestructura y control. Si se integra al sistema del MSP, la calidad caerá aún más”.

Ortiz propone medidas alternativas como fortalecer la prevención, incorporar copagos moderados, agilizar las compras públicas y externalizar farmacias con precios regulados por el IESS.

Críticas ciudadanas y preocupación por una posible privatización

En redes sociales, Christian Troya calificó la idea como un “atentado contra quienes han aportado durante años”.

En su análisis, si tanto el IESS como el MSP están colapsados, “es porque el Gobierno no asigna los recursos necesarios o simplemente no le interesa”.

Troya advierte que detrás de la propuesta “hay algo más macabro y perverso: la privatización del IESS”.

Según escribió, “si el Seguro Social deja de prestar salud, desaparecerá el incentivo para afiliarse. Sería el fin del sistema como lo conocemos”.

Por su parte, el comunicador Francisco Contreras cuestionó la desigualdad de criterios:

“Si quieren que el IESS deje de prestar salud, entonces que también lo hagan el ISSFA y el ISSPOL. Y si se elimina ese servicio, el valor de la afiliación debería reducirse, porque los trabajadores perderían un componente esencial por el que hoy aportan”.