Asambleístas de la Revolución Ciudadana constatan abandono en hospitales y centros de salud del país, mientras el Ejecutivo optó por crear un comité para compra de medicamentos.

El sistema de salud pública en Ecuador atraviesa una de sus etapas más críticas de la última década.

Pese a las denuncias de médicos, pacientes y asambleístas, Daniel Noboa se niega a declarar en emergencia a todo el sector, una decisión que, según legisladores y especialistas, impide atender con urgencia el colapso de hospitales, centros y subcentros de salud.

Desde el 15 de agosto, asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana recorren casas de salud a nivel nacional, constatando lo que califican como un “abandono total del sistema”: falta de medicamentos, deudas millonarias con proveedores, equipos dañados y condiciones insalubres que ponen en riesgo la vida de los pacientes.

Monte Sinaí: el retrato del colapso en Guayaquil

El Hospital Monte Sinaí, uno de los más grandes del país, fue uno de los primeros en evidenciar la gravedad de la crisis.

Según el informe de la Revolución Ciudadana, apenas cuenta con un 19% de abastecimiento en insumos médicos y un 21% en medicamentos.

La carencia obliga a que los pacientes paguen de su bolsillo tratamientos y hasta emergencias.

La infraestructura refleja abandono: pasillos con excremento de palomas, basura acumulada, cocina en condiciones insalubres y bodegas de fármacos con problemas de climatización.

A ello se suman deudas con prestadores de servicios: la empresa de limpieza anterior se retiró tras cinco meses sin recibir pagos, la actual acumula siete meses de deuda y el personal de seguridad sigue sin cobrar.

“Lo que vimos en Monte Sinaí es un colapso estructural. La dignidad de los pacientes está comprometida”, denunció la asambleísta Viviana Veloz.

De Durán a Ibarra: hospitales sin medicinas, limpieza ni equipos

La situación no mejora en otras provincias. En el Hospital General de Durán, el personal de limpieza y seguridad acumula siete meses sin recibir sus salarios.

El desabastecimiento de medicinas obliga a los familiares a costear tratamientos.

En Ibarra, en el Hospital San Vicente de Paúl, los legisladores encontraron equipos obsoletos, cocina deteriorada y lavandería colapsada.

Allí, un paciente que necesitaba con urgencia un marcapasos fue derivado a Quito, pero en la capital tampoco había disponibilidad.

“Es vida o muerte, y el Ministerio de Salud mira a otro lado”, expresaron los legisladores durante la visita.

En el Hospital Docente de Calderón la situación es igualmente alarmante: seis meses de deuda con el proveedor de alimentos redujo las raciones de los pacientes de tres a dos comidas diarias.

Las colaciones fueron eliminadas por falta de presupuesto, al punto de que los propios médicos deben comer fuera del hospital.

¿Subcentros al borde del colapso?

La crisis también alcanza a los subcentros de salud.

En Santo Domingo, el Subcentro Los Rosales opera sin medicamentos esenciales, con ambulancias dañadas y sin servicios de rayos X u odontología por falta de repuestos mínimos.

En el Subcentro Augusto Egas, los asambleístas hallaron demoras de hasta tres meses para citas médicas, moho en las paredes y guardianía impaga desde hace más de tres meses.

“Ni siquiera hay agua potable para los baños. La gente llega buscando atención y se va con las manos vacías”, relataron los legisladores.

Para el mes de octubre la situación no cambió.

Los legisladores de la RC continuaron con las inspecciones en diferentes hospitales y centros de salud.

La asambleísta Viviana Veloz denunció graves irregularidades en el Hospital Baca Ortiz tras recibir a padres de niños con insuficiencia renal y atrofia muscular espinal.

Según informó, de las nueve máquinas de diálisis, cuatro están dañadas, y los dos endoscopios no funcionan desde hace más de un año.

Además, señaló que el personal externalizado no ha recibido pago y que las familias son obligadas a comprar catéteres permanentes por USD 271.

Veloz calificó como “vergonzosa e inhumana” la situación y responsabilizó al Ministerio de Salud y su comité de gestión por la falta de soluciones, anunciando que desde la Comisión de Niñez de la Asamblea se iniciará un proceso de fiscalización.

Por su parte, Ricardo Patiño denunció la falta de medicamentos para niños con atrofia muscular espinal en el Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante, en Guayaquil.

Según relató, acudió junto a padres de pacientes que requieren un tratamiento cuatro veces al año, pero el hospital no cuenta con el fármaco necesario debido a lo que calificó como “pésima gestión del gobierno”.

Patiño aseguró que permanecieron más de una hora y media en espera sin recibir atención y que, al final, ninguna autoridad del hospital se presentó para dar una respuesta.

“¡Insólito y doloroso!”, expresó el exfuncionario al denunciar la situación.

Exviceministro advierte: hospitales con 50% menos presupuesto

La situación ha sido confirmada también por exautoridades del sector.

El exviceministro de Salud, Carlos Durán, aseguró que entre 2021 y 2025 los hospitales han perdido en promedio la mitad de su presupuesto para medicinas y dispositivos médicos, obligando a los pacientes a asumir gastos catastróficos.

Durán recordó que la inversión en salud cayó del 5,8% del PIB en 2017 a cerca del 4,2% en 2024, y que en 2025 podría cerrar aún más abajo. A finales del año pasado se recortaron USD 1.200 millones al sector.

“En un contexto de crisis económica, lo último que debería recortarse es la salud y la educación”, alertó.

El Gobierno responde con un comité, no con una declaratoria

Pese a las evidencias, el Gobierno optó por no declarar en emergencia el sistema de salud.

En su lugar, el 19 de agosto creó un Comité Nacional de Salud Pública, que -según el Ejecutivo- garantizará el abastecimiento de medicamentos, luchará contra la corrupción y mejorará la atención en hospitales.

El 15 de septiembre, Daniel Noboa, ordenó evaluar la declaratoria de emergencia solo para adquirir medicamentos. En ese mismo mes tanto el IESS como el MSP se declararon en emergencia para el abastecimiento de medicina.

El 19 de agosto, en la Asamblea Nacional, la propuesta desde la Revolución Ciudadana de exhorto para pedir la emergencia al sistema de salud fue bloqueada.

El asambleísta oficialista Andrés Guschmer aseguró que la declaratoria de emergencia sería “un cheque en blanco para la corrupción”, minimizando los hallazgos de la oposición.

Una salud pública al borde del colapso

Los testimonios recogidos en los recorridos de los legisladores muestran un panorama desgarrador: hospitales que funcionan a medias, pacientes que deben sobrevivir con trueques de medicinas, servicios básicos suspendidos y trabajadores sin sueldo durante meses.

Mientras la crisis se profundiza, el Gobierno insiste en que no es necesario declarar emergencia a todo el sector. Para médicos, pacientes y legisladores, la realidad es otra: la salud pública está al borde del colapso y la inacción estatal puede costar vidas.