El asambleísta Luis Fernando Molina amplió su denuncia sobre el manejo de bienes y donaciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) —actual Ministerio de Desarrollo Humano— tras la investigación publicada por el medio digital Plan V en agosto, que reveló presuntas irregularidades en la entrega de 3.000 kits solidarios en el sector de San Miguelito, en Píllaro, provincia de Tungurahua.

Según Molina, el caso ha escalado a un nivel más amplio que involucra 23 contenedores de bienes valorados en más de 12,5 millones de dólares, entre electrodomésticos, ropa, menaje de casa y artículos insólitos como relojes, gafas, lámparas Pikachu y discos de corte de concreto.

Las contradicciones del MIES

La investigación de Plan V señalaba tres hechos preocupantes: que la gente habría sido obligada a asistir a recibir los kits, que no se conocía el origen de los bienes y que los contenidos eran inusuales, incluyendo accesorios y objetos sin relación directa con ayuda social.

El MIES respondió inicialmente que los kits provenían de donaciones privadas. Pero al ser fiscalizado por el legislador, el ministerio cambió su versión y aseguró que los bienes fueron entregados por el Servicio Nacional de Aduanas (SENAE) como parte de bienes decomisados o en abandono.

Sin embargo, Molina sostiene que esta explicación “cae en contradicción”, pues los informes de Contraloría revelan que los bienes no tienen los 10 años de antigüedad que justificarían su entrega. Por el contrario, corresponden a los años 2023 y 2024, lo que pone en duda su origen y destino final.

El MIES solicitó los bienes y el SENAE los entregó

El asambleísta mostró documentos que evidencian oficios firmados por la entonces ministra del MIES, hoy ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y por el actual ministro Harold Urbano, en los que solicitan directamente contenedores a Aduanas.

“La ministra Rovira pedía electrodomésticos, menaje de cocina, prendas de vestir, y Aduanas le entregaba los contenedores en cuestión de días. El 5 de enero pidió bienes, y el 9 ya estaba entregado un contenedor con 23 mil pares de zapatos. Ese mismo día, el MIES anunciaba en redes sociales la entrega de kits solidarios en Imbabura”, explicó Molina.

Las fechas, según el legislador, coinciden con los meses previos a la campaña electoral, entre enero y abril, cuando el MIES realizó decenas de entregas públicas en distintas provincias.

Faltan informes, actas y beneficiarios

Los pedidos de información del legislador revelaron que el propio ministerio reconoce no tener actas de entrega-recepción, informes técnicos ni listados de beneficiarios.

El caso de San Miguelito, que originalmente hablaba de 3.000 kits y ahora de 3.500, es ilustrativo:

“El link con el listado de beneficiarios que me remitieron desde el ministerio arroja error 404. No existe seguimiento, ni constancia de a quiénes se entregó. Los documentos que sí existen carecen de firmas de responsabilidad”, denunció Molina.

Además, las cantidades reportadas no cuadran: solo en enero se habrían recibido 23 mil pares de zapatos, pero no hay evidencia de su distribución total.

“Lavadoras, discos de concreto y lámparas Pikachu”: bienes sin sentido social

El legislador también advirtió sobre la naturaleza de algunos bienes recibidos. Entre los objetos asignados al MIES figuran lavadoras, llaves de agua, almohadillas para pulidora, discos de corte de concreto y hasta 200 lámparas Pikachu.

“¿En qué mejoran la calidad de vida las lámparas Pikachu o los relojes? El ministerio responde que son para dar dignidad a las personas. No me opongo a la ayuda, pero no hay criterios técnicos ni respaldo documental”, cuestionó.

Confidencialidad y falta de control electoral

Horas después de que Molina hiciera pública su denuncia, el presidente de la República declaró confidencial la información sobre los programas “Jóvenes en Acción” y las compensaciones a transportistas, lo que según el asambleísta impide la fiscalización.

Molina también señaló la inacción del Consejo Nacional Electoral (CNE) frente al uso político de los bienes públicos durante la campaña:

“El CNE me responde que no puede controlar lo que se difunde en redes sociales. Pero esas publicaciones se convirtieron en actos públicos, con entregas y anuncios. Hay un silencio incómodo y cómplice”, afirmó.

El legislador contrastó esa pasividad con la rapidez con la que el CNE actúa contra dirigentes opositores:

“Son diligentes para sancionar a quienes piensan distinto, pero no para controlar el uso de recursos del Estado durante la campaña”.

¿Juicio político? ¿Quién debe ejercer el control?

Molina anunció que ha solicitado a la Contraloría General del Estado que abra un examen especial sobre los 23 contenedores y determine responsabilidades administrativas. También pidió a la Procuraduría General del Estado revisar la legalidad de los actos administrativos involucrados.

Además, pedirá a la Comisión de Derechos Humanos y Derechos Colectivos de la Asamblea —presidida por Jaime Estrada— la apertura formal de un proceso de fiscalización.

“Queremos saber dónde están los cerca de medio millón de bienes recibidos por el MIES. Si se confirma el uso político de estos recursos, el ministro Harold Urbano deberá responder políticamente, incluso ante un posible juicio político”, advirtió

 Sofía Montoya