El Decreto 199 llegó un día antes de que termine el plazo para enviar la proforma del Presupuesto General del Estado a la Asamblea Nacional. El Ejecutivo debe remitirla hasta el 31 de octubre.

Daniel Noboa cambió la regla fiscal para el presupuesto de 2026. Lo hizo este 30 de octubre, con el decreto ejecutivo 199. La resolución permite financiar los gastos permanentes de salud, educación y justicia con ingresos no permanentes. Hoy, el Estado cubre esos egresos con ingresos permanentes.

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip) define los ingresos no permanentes como recursos que el Estado recibe en situaciones “específicas, excepcionales o extraordinarias”. El artículo 78 señala que estos fondos pueden venir de la venta de activos, del endeudamiento público o de la venta de petróleo.

Asimismo, el Coplafip establece que los egresos permanentes sirven para operaciones que se repiten y aseguran la provisión continua de bienes y servicios públicos. Dentro de estos gastos se encuentran sueldos y salarios del sector público.

¿Cuál es el objetivo central de este decreto?

Con base a lo anterior, el objetivo central de la norma es declarar la excepcionalidad para financiar egresos permanentes destinados a salud, educación y justicia, utilizando ingresos no permanentes durante el ejercicio fiscal 2026.

Es decir, el Gobierno quiere que, de forma excepcional, se permita usar dinero que no es fijo o seguro cada año (por ejemplo, ingresos extraordinarios por petróleo, venta de activos o endeudamiento público) para pagar gastos que sí son fijos todos los años: salarios de médicos, docentes, jueces y fiscales.

Para ello, Noboa cita el artículo 286 de la Constitución. Ese artículo señala que “los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes”.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, existe una “brecha estructural presupuestaria”. El crecimiento de los ingresos permanentes no alcanza para cubrir las necesidades de gasto, recalcó la entidad gubernamental. Esta situación motivó la recomendación al Ejecutivo.

En ese sentido, Noboa dispuso que el Ministerio de Finanzas emita lineamientos para ajustar los presupuestos de las instituciones de salud, educación y justicia. La cartera coordinará la reestructuración con las entidades ejecutoras de esos recursos. El cumplimiento de esta regla fiscal se verificará mediante los reportes de la proforma y de la liquidación presupuestaria.

El Decreto 199 llegó un día antes de que termine el plazo para enviar la proforma del Presupuesto General del Estado a la Asamblea Nacional. El Ejecutivo debe remitirla hasta el 31 de octubre. Para 2026, la proforma no incluirá los USD 330 millones correspondientes al aporte temporal de empresas para seguridad, que rigió en 2025.