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El doble rasero presidencial: Noboa ataca la herencia de Correa pero copia contrato para entregar Sacha, el mayor yacimiento petrolero

El Gobierno suscribió un memorando con Emiratos Árabes Unidos y ADNOC para inyectar USD 4.855 millones en el Bloque 60. Para defender el esquema de prestación de servicios, el presidente Daniel Noboa utiliza como escudo las decisiones del exmandatario Rafael Correa, a quien ha criticado de forma sistemática durante sus tres años de gestión.

El presidente Daniel Noboa Azín justificó la entrega del campo Sacha a Emiratos Árabes Unidos mediante una estrategia comunicacional imprevista: respaldar su decisión en las acciones que hizo la administración del expresidente Rafael Correa Delgado.

Durante una entrevista radial este 6 de noviembre de 2026, el jefe de Estado detalló los alcances del nuevo acuerdo con Emiratos Árabes Unidos y la estatal Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), asegurando que el modelo elegido protege la soberanía nacional.

Antes cuestionamientos del acuerdo con Adnoc, Noboa señaló: “Antes de que salgan pues los odiadores a decir de que estamos vendiendo el país, esto de aquí (Campo Sacha) es un contrato de servicios”.

Para sostener su postura, el presidente enumeró minuciosamente los contratos de extracción firmados durante la administración de Correa en los yacimientos: Shushufindi-Aguarico (suscrito el 31 de enero de 2012 con vigencia hasta 2037), Auca (suscrito el 14 de diciembre de 2015 con vigencia hasta 2035) y Edén Yuturi (campo Shaya, suscrito el 8 de octubre de 2014).

“Esto de acá ya se lo ha hecho en el Ecuador. Esto lo hizo Correa con Schlumberger. Correa lo hizo con tres de los cuatro campos más grandes del Ecuador. Así que vengan a decir que estamos regalando, no. Lo que estamos es rompiendo una de las tronchas más grandes que eran los proveedores de servicios del campo Sacha”, aseveró Noboa en la entrevista en FM Mundo.

Contraste

La argumentación de Noboa genera un evidente contraste político. A lo largo de sus tres años en el Palacio de Carondelet, Noboa ha estructurado su discurso público en torno a la crítica a las políticas económicas, institucionales y petroleras de la Revolución Ciudadana.

Sin embargo, al momento de estructurar el negocio sobre el activo energético más valioso de la nación, el jefe de Estado adopta el mismo instrumento contractual diseñado e implementado por la administración de Correa tras la reforma a la Ley de Hidrocarburos de 2010.

Qué es el contrato de prestación de servicios

Para comprender las declaraciones de Noboa, es importante analizar la Ley de Hidrocarburos, que establece distintas figuras contractuales para la delegación excepcional de actividades a empresas privadas o consorcios internacionales.

Regulado por el artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos (sustituido en la reforma de julio de 2010 mediante el Registro Oficial Suplemento 244), define a esta modalidad del contrato de prestación de servicios como aquella en la cual las empresas contratistas ejecutan las actividades de exploración o explotación aportando sus propios recursos económicos, capitales, equipos y tecnología.

Con el contrato de prestación de servicios, el 100% del petróleo extraído pertenece exclusivamente al Estado ecuatoriano, pues la empresa privada no recibe el petróleo, sino el pago de una tarifa fija en dinero (o excepcionalmente en especie) por cada barril neto producido y entregado en el punto de fiscalización.

De acuerdo a la ley, el Estado ecuatoriano se reserva de manera obligatoria el 25% de los ingresos brutos del contrato como margen de soberanía antes de realizar cualquier liquidación.

Tras descontar el 25% de soberanía, se cubren los costos de transporte por oleoducto, comercialización y los tributos de la Ley Amazónica. Del remanente (ingreso disponible) se paga la tarifa a la contratista.

Los operadores bajo esta modalidad no están sujetos al pago de regalías directas, según lo estipula el artículo 49 de la ley. Según la ley, este modelo contractual establece un esquema donde la empresa privada asume todas las inversiones, costos y riesgos a cambio de un porcentaje de la producción física de petróleo.

A diferencia de la prestación de servicios, en el contrato de participación, la empresa petrolera invierte, explora y opera un área a cambio de una parte de la producción de petróleo y la otra parte se la lleva el Estado.

Sacha, la “joya de la corona”

Ubicado en la provincia de Orellana, el campo Sacha (Bloque 60) representa el activo petrolero más importante del país.

Conocido tradicionalmente como la “joya de la corona”, inició sus operaciones de extracción comercial en 1972 bajo el consorcio Texaco-Gulf. A lo largo de cinco décadas, Sacha ha sostenido el flujo fiscal del presupuesto general del Estado mediante un crudo de alta calidad promedio de 26° a 28° API.

No obstante, el yacimiento enfrenta un agotamiento geológico y estructural.

De acuerdo con el estudio técnico elaborado en 2026 por el investigador Miguel Ángel Sánchez Escobar, de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), el reservorio “U” de Sacha albergaba originalmente un volumen de 1.945,92 millones de barriles de petróleo. La investigación determinó que, tras décadas de explotación continuada, el campo conserva aún 638,11 millones de barriles en reservas recuperables dentro de la categoría 3P (probadas, probables y posibles).

El principal desafío operativo de Sacha radica en la pérdida drástica de presión natural del reservorio, pues de los 338 pozos perforados en el campo, un total de 194 pozos se encuentran inactivos o cerrados por problemas de conificación de agua, entrampamiento mecánico o taponamiento de la roca almacén.

Para rescatar estas reservas, expertos señalan que el campo requiere trabajos de reacondicionamiento (estimulación ácida y sellado de agua) e intervenciones de recuperación mejorada (EOR, por sus siglas en inglés) mediante la inyección de gas miscible y dióxido de carbono. Son precisamente estas tecnologías de vanguardia las que el Gobierno buscaría financiar mediante el capital privado de Adnoc.

La alianza con Abu Dabi

El acuerdo marco entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos se formalizó el 2 de noviembre de 2026 en el marco de la cumbre energética ADIPEC.

El gerente general de Petroecuador, Sebastián Maag Pardo, y el director ejecutivo de Adnoc, Sultan Al Jaber, suscribieron un Memorando de Entendimiento estratégico con dos ejes fundamentales: la optimización operativa del Bloque 60 (Sacha) y la comercialización directa de hidrocarburos.

De acuerdo con la información de Petroecuador y la Presidencia de la República, la alianza contempla un compromiso de inversión directa de USD 4.855 millones por un período de 15 años, prorrogable por 5 años adicionales.

La transacción contempla un pago adelantado para el Estado ecuatoriano de USD 300 millones.

El objetivo técnico proyecta elevar la extracción actual del campo Sacha de aproximadamente 70.000 u 72.000 barriles diarios de petróleo a un pico de 150.000 barriles por día.

Asimismo, se establece un canal de comercialización sin intermediarios hacia los mercados de Asia, Europa y África, buscando captar mejores precios internacionales para el crudo Oriente.

Según el Gobierno de Noboa, el convenio estipula que el Estado ecuatoriano mantendrá la propiedad soberana sobre las reservas y que Petroecuador conservará la operación de los activos estratégicos.

Del fiasco de Sinopetrol a la diplomacia emiratí

El anuncio del acuerdo con Abu Dabi representa el segundo intento del gobierno de Daniel Noboa por delegar la operación de la infraestructura de Sacha.

Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, la administración estatal promovió la adjudicación del Bloque 60 al consorcio Sinopetrol, integrado por las firmas Amodaimi Oil Company S.L. y Petrolia Ecuador S.A., bajo un contrato de concesión por 20 años.

Aquel proceso concluyó en un fracaso institucional tras cuatro meses de intensas polémicas políticas, cuestionamientos en la Asamblea Nacional y la renuncia de autoridades del sector energético. La entonces ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, anunció oficialmente la cancelación del trámite el 12 de marzo de 2025, luego de que el consorcio privado incumpliera el pago de un bono de entrada o prima de USD 1.500 millones fijado como requisito previo indispensable.

“No hay nada más que hablar, el plazo se les venció”, sentenció Manzano en declaraciones al confirmar el cierre definitivo de las negociaciones con Sinopetrol, esto, tras críticas de que se quería “entregar” sin un proceso transparente al activo petrolero más importante del país.

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