“No se ha logrado coordinación”: Fiscalía y Policía reconocen trabas para investigar la desaparición de los pescadores del Fiorella

Fiscalía dice que la búsqueda en alta mar recae en las Fuerzas Armadas y la Capitanía de Puerto, mientras la Policía sostiene que depende de órdenes fiscales.

El destino de ocho pescadores ecuatorianos, desaparecidos desde el pasado 20 de enero de 2026 a bordo de la embarcación pesquera Fiorella, ha escalado a una crisis diplomática y de derechos humanos de alcance internacional.

Ante la falta de resultados tras meses de búsqueda, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) emitió un conjunto de acciones urgentes exigiendo al Estado ecuatoriano una investigación exhaustiva y la localización inmediata de los tripulantes.

Según los registros oficiales, el barco zarpó de Jaramijó y Manta, en la provincia de Manabí, el 13 de enero, perdiéndose todo contacto días después. Según las primeras investigaciones, la embarcación pesquera habría sido atacada por miembros de la CIA.

Una búsqueda sin rastros

Según el Ministerio de Defensa, a través de la Armada del Ecuador, activó los protocolos de búsqueda y salvamento (SAR) apenas se recibió la alerta. Durante semanas, se desplegaron medios aeromarítimos y cálculos de deriva técnica para cubrir un área de aproximadamente 250 millas náuticas cuadradas.

En un informe oficial, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, defendió la actuación de las Fuerzas Armadas, declarando que se ejecutó la búsqueda de manera “integral, técnica y progresiva”, abarcando tanto el punto de desaparición como las áreas ampliadas determinadas por análisis de deriva. “Sin que hasta la presente fecha se haya logrado la localización de la embarcación ni de sus tripulantes”, señaló.

Debido a la ausencia de indicios tras más de un mes de operaciones, el caso fue declarado en “fase pasiva” el 27 de febrero de 2026, aunque se mantiene la vigilancia permanente y la difusión a la comunidad marítima.

La sombra de la desaparición forzada

El Comité de la ONU ha solicitado que la estrategia de búsqueda tome en cuenta la posibilidad de una desaparición forzada, debido a denuncias sobre presuntas interceptaciones de naves militares extranjeras en aguas internacionales, en el contexto de acuerdos de cooperación de seguridad de Ecuador con los Estados Unidos.

Así, el Comité de las Naciones Unidas requirió al Estado ecuatoriano la búsqueda y localización de los pescadores, así como la “protección de su vida e integridad personal”, orientadas a fortalecer las acciones de búsqueda e investigación.

Incluso existen alegaciones de los familiares que sugieren que los pescadores podrían encontrarse en El Salvador, basándose en casos previos donde tripulaciones ecuatorianas fueron repatriadas tras ser interceptadas en altamar por fuerzas extranjeras.

Obstáculos en la investigación judicial

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación previa por el delito de desaparición involuntaria, en la ciudad de Manta. Sin embargo, la institución ha señalado dificultades operativas críticas para avanzar en el caso.

Jorge Baño Salcedo, director de Derechos Humanos de la Fiscalía, detalló que al tratarse de una desaparición ocurrida en alta mar, su institución no cuenta con el apoyo operativo directo de la Policía.

“Lo que restringe las capacidades investigativas en territorio marítimo. En este contexto, la responsabilidad de búsqueda recae principalmente en las Fuerzas Armadas y la Capitanía del Puerto, sin que hasta el momento se haya logrado una coordinación efectiva y sostenida con estas entidades”.

Por su parte, la Unidad Nacional de Investigación de Personas Desaparecidas de la Policía ha manifestado que su actuación se limita a las disposiciones que emita la Fiscalía. El reporte policial indica que se están realizando análisis de redes telefónicas y rastreo de posibles localizaciones bajo autorización legal.

“No es posible que la Policía Nacional atienda todas las recomendaciones planteadas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, ya que la investigación no es competencia de la Policía Nacional, sino de la Fiscalía General del Estado”, menciona en el informe.

Así, mientras las instituciones estatales coordinan sus informes de cumplimiento para enviarlos a Ginebra, los familiares de los ocho pescadores del Fiorella continúan en la incertidumbre.