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La noche del sábado 4 de julio de 2026, decenas de ciudadanos se concentraron en distintos sectores de Quito para expresar su respaldo al proceso de revocatoria del mandato de Daniel Noboa.
La noche del sábado 4 de julio de 2026, decenas de ciudadanos en Quito se tomaron algunas calles principales para manifestar su rechazo a la gestión de Daniel Noboa.
Esa movilización fue denominada “la Marcha de las antorchas” y movilizó a cientos de quiteños a favor de la revocatoria del mandato a Noboa.
Con banderas, pancartas y consignas, los manifestantes recorrieron diversos sectores de la capital bajo un estricto resguardo policial, exigiendo al Consejo Nacional Electoral (CNE) la entrega inmediata de los formularios para iniciar formalmente el proceso de revocatoria de mandato.
Esta movilización refleja un descontento popular hacia la administración de Noboa, impulsado por el respaldo de diversas organizaciones sociales.
Los ciudadanos denunciaron la crisis económica actual y lo que califican como un “uso del miedo” como política de Estado.
Días atrás, Leonidas Iza, presidente de Ecuarunari, sostuvo que el país atraviesa un periodo crítico donde más de 3 millones de ecuatorianos sufren de inseguridad alimentaria, agravada por el incremento en el precio de los combustibles.
El proceso jurídico, que ya se encuentra en manos del CNE, atraviesa una etapa decisiva.
El abogado Washington Andrade informó que el organismo electoral tiene un plazo de 15 días, que vence aproximadamente el 10 de julio de 2026, para resolver si admite o no el trámite.
Mientras tanto, la Unión Nacional de Educadores (UNE) y otros frentes ciudadanos presionan para que el mecanismo avance como un “desfogue democrático” ante la situación del país.
Intentos del Ejecutivo
Por su parte, el Ejecutivo intenta frenar la iniciativa.
Noboa presentó su contestación solicitando la inadmisibilidad del pedido, alegando que carece de fundamentos objetivos.
Enrique Herrería, secretario jurídico de la Presidencia, entregó 22 cajas con más de 14.000 folios de documentación para respaldar su gestión. Sin embargo, los líderes sociales tildan estas pruebas de “maniobra de distracción” y exigen verificar su contenido.
Mientras los ciudadanos siguen difundiendo imágenes de las protestas en redes sociales, el futuro del mandatario pende de la decisión del CNE. Si el pleno admite la solicitud, los colectivos deberán recolectar más de dos millones de firmas (15% del padrón electoral) en un plazo de 180 días para convocar a las urnas.
Por ahora, Noboa minimiza el proceso y asegura que su gobierno prefiere hablar de “reelección”.
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