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La repetición de patrones ocurridos entre 2024 y 2026 abre interrogantes sobre la eficacia de las estrategias estatales para desarticular las cúpulas del crimen organizado y prevenir nuevas escaladas de violencia.
Ecuador atraviesa una nueva espiral de violencia que evoca los días más oscuros ocurridos en el cercano enero de 2024.
Los recientes atentados en las instalaciones de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), el hallazgo de un vehículo incinerado en el túnel Guayasamín, el intento de ataque al cuartel de La Delicia y el asalto armado en el edificio Amazonas Parc han devuelto a Quito un clima de zozobra que se entrelaza con un complejo tablero político y electoral.
Al igual que hace dos años, la escalada de terror coincide con decisiones gubernamentales de alto impacto militar y la proximidad de procesos en las urnas, mientras el país observa cómo los nombres de los autores intelectuales siguen sin aparecer en las boletas de captura.
Ataques
La madrugada del lunes 29 de junio de 2026, el sector de La Pradera fue sacudido por explosiones dirigidas contra la planta central de la Arcom y el Ministerio de Agricultura. Según el teniente Richard Cevallos, jefe del circuito Iñaquito, se trató de un atentado con artefactos explosivos, que dejaron daños materiales en infraestructuras y tres guardias resultaron afectados.
Casi simultáneamente, un vehículo reportado como robado fue hallado incinerado en las inmediaciones del túnel Guayasamín, presumiblemente utilizado por los atacantes para su huida.
La violencia no dio tregua al día siguiente. El 30 de junio, agentes especiales se desplegaron en el edificio Amazonas Parc tras un intento de asalto perpetrado por sujetos armados vestidos de repartidores que buscaban irrumpir en una oficina de criptomonedas. Horas más tarde, se frustraba un ataque con granadas de uso militar contra el cuartel de La Delicia, terminando con la detención de cinco personas.
El espejo de 2024: De la toma de TC Televisión al conflicto armado interno
Este escenario guarda paralelismos inquietantes con los hechos ocurridos de enero de 2024. En aquel entonces, hechos delictivos y la irrupción armada en vivo en el canal TC Televisión, el 9 de enero de 2024, funcionó como el detonante para que el presidente Daniel Noboa decretara la existencia de un “conflicto armado interno” y calificara a 22 bandas criminales como organizaciones terroristas.
En 2024, los ataques incluyeron explosiones de coches bomba, secuestros de policías y motines carcelarios masivos.
Además, de los 11 adultos sentenciados por el asalto al canal de televisión, seis murieron bajo custodia estatal, sin que se esclarezca hasta ahora quién ordenó el ataque.
Urnas en el horizonte y autores intelectuales no hallados
Tanto en 2024 como en 2026, la violencia sirvió de telón de fondo para hitos políticos decisivos. En enero de 2024, el gobierno anunciaba las preguntas para una consulta popular y referéndum constitucional que se celebraría en abril de ese año, centrada principalmente en reformas de seguridad y el rol de las Fuerzas Armadas.
En el presente, el contexto está marcado por el Decreto Ejecutivo No. 424, mediante el cual el presidente Noboa ha abierto la puerta a tropas extranjeras bajo la figura de “intervención por invitación”.
Sin embargo, la similitud más crítica entre ambos periodos es la ausencia de autores intelectuales sentenciados. En el caso de TC Televisión, tras más de dos años de procesos, el presunto cerebro de la operación, Willian Alcívar Bautista, alias “Negro Willy”, líder de Los Tiguerones, permanece en libertad en España. El juez de la causa señaló que la extradición fue negada porque el Estado ecuatoriano no cumplió a tiempo con los requisitos formales y garantías carcelarias exigidas por la justicia española.
En los eventos actuales de la Arcom, el hallazgo de panfletos titulados “Segundo y último aviso” señala a funcionarios específicos y empresarios mineros como blancos de extorsión y corrupción, pero la investigación aún está lejos de identificar a quienes financian y ordenan estos ataques con explosivos en la capital.
Mientras el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026–2029 busca establecer una hoja de ruta contra el crimen organizado, la realidad en las calles muestra que la transición de delincuencia común a estructuras criminales sofisticadas sigue superando la capacidad de respuesta institucional, manteniendo intactas las cúpulas de poder que operan desde las sombras y que se activan en contextos políticos y sociales muy concretos.
Edison Paucar
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