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El auge del precio del oro impulsa a las bandas criminales a expandirse hacia la minería ilegal, una actividad menos riesgosa y más difícil de rastrear.
En las profundidades de la selva ecuatoriana, el motor del crimen organizado está cambiando de combustible. Las bandas de narcotraficantes más poderosas del país han comenzado a pivotar hacia un negocio que resulta más sencillo de operar y más lucrativo que la cocaína: la minería ilegal de oro.
Impulsada por el aumento histórico de los precios globales, esta industria ilícita representa ya casi el 80% de la producción de oro en Ecuador, desatando una ola de violencia sin precedentes que el Estado no logra contener.
La lógica detrás de este cambio es puramente económica. Según investigaciones de The Times, en el mercado actual, un kilo de oro puede valer hasta diez veces más que un kilo de cocaína. Mientras que el tráfico de drogas se ha vuelto más costoso y complicado debido a los controles portuarios, el oro ofrece una ventaja definitiva: la falta de trazabilidad.
“El lingote de oro no tiene una marca. Usted lo puede pasar, ahí es cuando ya empieza el lavado”, explica un testimonio recogido en la zona de conflicto, señalando que el metal precioso permite a las mafias justificar ingresos y pasar desapercibidos en cualquier parte del mundo.
Actualmente, un kilo de oro se cotiza cerca de los USD 150.000, una cifra que ha disparado el interés de los grupos delictivos por diversificar sus actividades.
Extorsión y muerte
La transición al oro no ha sido pacífica. Las comunidades locales y los mineros pequeños se encuentran atrapados en un sistema de terror. Los criminales suelen acercarse a mineros con permisos legales para exigirles una parte de su producción bajo amenaza de muerte.
“Le ofrecen el 10% de lo que saquen de oro y si usted no accede le comienzan a matar la familia”, relata un habitante local bajo anonimato.
Se estima que el 90% de las personas que habitan en estas zonas mineras deben pagar las llamadas “vacunas” (extorsiones) a los grupos delictivos.
El ejército ecuatoriano también ha pagado un precio alto. 11 soldados fueron asesinados en una emboscada en el sector de Sardinas, en el Alto Punino, durante operativos para intentar recuperar el control del territorio. A pesar de que el presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción en 2024 para autorizar el uso de la fuerza contra estos grupos, la resistencia es feroz.
Desastre ambiental
Más allá de la violencia armada, la minería ilegal está “envenenando la sangre” de Ecuador. En la comunidad Quichua de Capirona, los ríos que antes eran transparentes ahora son cauces de lodo y químicos tóxicos.
Linda Germania Tapuy, líder de la comunidad, describió la devastación a The Times. “A la tierra le decimos que es como que si fuera nuestro cuerpo y el río es nuestra sangre; han contaminado nuestra sangre”.
Tapuy denuncia que la contaminación ya ha cobrado vidas, debido a la falta de agua potable. A pesar de las amenazas de muerte que recibe en su celular, Linda y su comunidad han optado por la resistencia.
“Nosotros necesitamos nuestra tierra y si ustedes nos destruyen, ¿quién nos va a alimentar después?”.
Un Estado desbordado
La lucha del gobierno se ve obstaculizada por la corrupción sistémica. Aunque se han realizado operativos para destruir maquinaria pesada, los grupos criminales, que cuentan con ingentes recursos del narcotráfico, compran excavadoras nuevas en cuestión de días.
La propia agencia reguladora, Arcom, ha estado bajo fuego. En febrero de 2026, se anunció la prohibición de toda actividad minera en ciertas provincias afectadas, y varios funcionarios fueron separados de sus cargos por sospechas de colaboración con redes ilegales.
Mientras el precio de este metal siga al alza y el control de las fronteras y los ríos siga siendo poroso, el “oro de sangre” continuará fluyendo desde las selvas ecuatorianas hacia los mercados internacionales, dejando a su paso un rastro de mercurio, corrupción y muerte.
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