Reimberg insiste en una presunta “sala espejo” en Segura EP; oposición denuncia que esa fiscalización intenta ocultar el caso Porsche vinculado al Grupo Noboa

La comparecencia del ministro del Interior, John Reimberg, en la Comisión de Seguridad derivó en distintas posiciones. Mientras el Gobierno defendió la existencia de una presunta “sala espejo” vinculada a Segura EP, la oposición denunció que la fiscalización busca desviar la atención del caso Porsche.

Este 23 de junio de 2026, el ministro del Interior, John Reimberg, y el comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, comparecieron ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional para informar sobre las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y a los controles de acceso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP.

Ese proceso de fiscalización se inició por una resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea con 143 votos. La principal alerta, presentada por el Ministerio del Interior, apunta a la existencia de una supuesta “sala espejo” que habría operado en el tercer piso del Palacio Municipal de Guayaquil.

Según Reimberg, esta estructura paralela —presuntamente instalada por disposición de Fernando Cornejo, exdirectivo de Segura EP— permitía a usuarios con privilegios manipular cámaras de videovigilancia, redirigirlas para evitar zonas críticas y extraer información sensible sin control policial. Además, aseguró que los registros de auditoría se eliminaban cada 60 días.

Sin embargo, durante la sesión de la comisión, la presidencia de la mesa no otorgó la palabra a legisladores de distintas bancadas. Al concluir la comparecencia, varios asambleístas denunciaron ante los medios de comunicación un supuesto silenciamiento y señalaron que el proceso de fiscalización estaría siendo utilizado como una “cortina de humo” para desviar la atención de casos que involucran al entorno presidencial.

El caso Porsche y la sombra del Grupo Noboa

La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) manifiesta que la narrativa oficialista sobre una “red de espionaje” es una cortina de humo para sepultar el denominado caso Porsche. Este caso vincula un vehículo de una de las empresas de la familia del presidente Daniel Noboa con la escena de un presunto acto de terrorismo en Guayaquil.

La polémica se centra en los hechos ocurridos tras una explosión con bombas en la Bahía de Guayaquil, registrada el 3 de junio de 2025. Según detalló el asambleísta Juan Andrés González (RC), apenas cinco minutos después de que la policía detuviera en su domicilio de la Isla Trinitaria a Iván Ballesteros —implicado en el atentado—, un vehículo Porsche Cayenne llegó al lugar.

Las investigaciones y la trazabilidad de las cámaras de Segura EP revelaron que dicho automóvil pertenece a la empresa Industrial Molinera, propiedad del Grupo Noboa. Esta revelación llevó a los legisladores de oposición a exigir que la fiscalización no se limite al supuesto uso irregular de las cámaras, sino que aclare por qué un bien del entorno presidencial apareció en un contexto de terrorismo de Estado o posible “autoatentado”.

Caso Porsche: Revolución Ciudadana habla de “autoatentado” del Gobierno en la explosión en La Bahía y señala contradicciones en las versiones oficiales

En ese contexto, para los asambleístas Jahiren Noriega y Juan Andrés González, la intervención del Gobierno en Segura EP busca desacreditar el sistema que permitió estos hallazgos.

Noriega subrayó que, irónicamente, fue gracias a la tecnología de videovigilancia municipal que se pudo documentar la trazabilidad del Porsche, así como resolver otros casos graves como el de los niños asesinados en las Malvinas. González denunció que el Gobierno intenta criminalizar a quienes realizaron la fiscalización original:

“Cuando un ladrón corrupto es captado por cámaras, los culpables resultan ser quienes pusieron las cámaras”, expresó.

Además, reveló que está siendo objeto de persecución judicial, habiendo sido notificado por la Fiscalía por presunta “asociación ilícita” tras denunciar los nexos del vehículo del Grupo Noboa.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, intentó desviar el foco del caso Porsche, calificándolo como un tema que ya está en manos de la Fiscalía y exhortando a los legisladores a preguntar directamente a dicha institución. En su lugar, el Gobierno insiste en la existencia de una “sala espejo” en el Palacio Municipal, desde la cual se habría realizado espionaje político bajo órdenes de exdirectivos.

Entre los hallazgos mencionados por el ministro se encuentran:

• Conexiones Privadas: la sala funcionaba mediante enlaces de la empresa Telconet.
• Capacidad de Manipulación: los administradores tenían privilegios para mover cámaras y evitar zonas críticas, así como extraer grabaciones históricas sin revisión policial, vulnerando la cadena de custodia.
• Borrado de Evidencias: el sistema estaba configurado para que los registros de auditoría se almacenaran solo por 60 días, lo que garantizaba que cualquier rastro de manipulación se borrara automáticamente.

No obstante, la oposición reafirma en que no se puede ignorar que el “aparataje del Estado” se ha volcado contra los legisladores justo cuando la verdad sobre el Porsche y otros contratos, como el caso Progen, empezó a salir a la luz.

Denuncias de silenciamiento en la comisión

Una de las mayores polémicas surgió cuando el presidente oficialista encargado de la comisión, Andrés Castillo, cerró la fase de preguntas alegando que la “Comisión General” no podía durar más de 30 minutos según el reglamento.

Jahiren Noriega (RC) tildó de “profundamente vergonzoso” el desarrollo de esa sesión. Expresó que es la segunda vez que se impide a los legisladores realizar las preguntas que el país requiere. Según Noriega, el manejo de la comisión busca evitar respuestas sobre por qué un vehículo del Grupo Noboa estuvo presente en la escena de un atentado en Guayaquil.

Asimismo, esta acción fue recibida con expresiones de “arbitraria” y “discriminatoria” por parte de la asambleísta Mariana Yumbay (Pachakutik), quien denunció un silenciamiento deliberado hacia quienes piensan distinto, tanto en el Pleno como en las comisiones.

Yumbay calificó la comparecencia del Ministro del Interior como “un show más” en el que las autoridades hablan lo que consideran pertinente pero se imposibilita profundizar en la verdad. Además, denunció una actitud “machista e irrespetuosa” por parte de Castillo, quien se refirió de forma despectiva a la “risita” de las asambleístas mientras aplicaba de forma rígida la normativa para cortar el debate.