En mayo se pondrá fin a las ayudas al transporte por el retiro del subsidio al diésel, el Gobierno deslinda responsabilidades sobre un posible aumento tarifario, pese a que la crisis fue originada por una decisión gubernamental.

La crisis que hoy enfrenta el transporte público en Ecuador tiene un origen claro: la decisión del Gobierno Nacional de eliminar el subsidio al diésel.

Aunque ahora el Ejecutivo intenta posicionar a municipios y alcaldes como responsables de cualquier incremento en el valor de los pasajes, fue precisamente la administración de Daniel Noboa la que detonó el problema al retirar en septiembre de 2025 una subvención histórica al diésel, encareciendo de forma directa los costos operativos de miles de transportistas en todo el país.

La eliminación del subsidio al diésel respondió a una política económica impulsada por el Gobierno central, en medio de compromisos de ajuste fiscal y presiones de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para contener temporalmente el impacto y reducir el rechazo social, especialmente de los transportistas ya que anunciaban paralizaciones, el Ejecutivo implementó compensaciones económicas mediante el Decreto 352, con una duración de siete meses.

Sin embargo, estas ayudas fueron concebidas desde el inicio como una medida transitoria, lo que significa que el propio Gobierno estableció la fecha de vencimiento de un mecanismo que apenas amortiguaba parcialmente el incremento del combustible.

El 29 de abril de 2026, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, confirmó que las compensaciones para el transporte intra e interprovincial concluirán el 15 de mayo, mientras que para el transporte urbano ya finalizaron.

Pese a que esta situación deriva directamente de una decisión del Ejecutivo, Luque evitó asumir la responsabilidad política por un posible aumento del pasaje y aseguró que “muchas de esas decisiones dependen de los gobiernos autónomos descentralizados”.

Con esta postura, el Gobierno intenta trasladar a 221 municipios el peso político de una crisis generada por una resolución gubernamental.

En términos prácticos, el Ejecutivo retiró el subsidio, elevó el costo del diésel, limitó las compensaciones y ahora deja a los gobiernos locales enfrentar el descontento ciudadano si las tarifas suben.

Gremio

Los transportistas fueron enfáticos en señalar que el fin de las compensaciones los coloca en una situación crítica.

Con el diésel bordeando los USD 2,96 por galón, los costos de operación se han disparado, comprometiendo la sostenibilidad financiera del servicio. Gremios nacionales advierten que, sin apoyo estatal o revisión tarifaria, operar bajo las tarifas actuales resulta inviable.

Así, mientras el Gobierno busca apartarse del impacto social, la realidad económica evidencia que la raíz del problema está en la eliminación del subsidio al diésel, una decisión tomada desde Carondelet y no desde los municipios.

El eventual aumento de pasajes no responde a decisiones locales aisladas, sino a una cadena de consecuencias originadas por una política del Ejecutivo que hoy transfiere su costo a transportistas, alcaldías y ciudadanos.

Caso de Loja

En el caso de Loja, el incremento del pasaje urbano responde a un proceso técnico, administrativo y político que se viene tramitando desde hace varios años, mucho antes de la reciente eliminación del subsidio al diésel por parte del Gobierno Nacional.

Los transportistas lojanos iniciaron pedidos formales de revisión tarifaria al menos desde septiembre de 2021.

Desde entonces, el tema pasó por múltiples estudios, debates en comisión, rechazos y reformas dentro del Cabildo local.

Entre 2024 y 2026, la discusión avanzó en distintas etapas hasta concretarse finalmente la aprobación del ajuste tras más de una década sin revisión tarifaria.

Esto evidencia que el caso lojano no surge directamente como consecuencia de las decisiones recientes sobre el subsidio al diésel, sino que corresponde a una problemática estructural y acumulada del sistema de transporte urbano local.