La apertura de investigaciones, procesos judiciales y decisiones administrativas crecen contra los opositores del actual régimen.

El panorama político atraviesa una etapa de alta tensión, marcada por una serie de procesos judiciales y administrativos contra figuras críticas al régimen de Daniel Noboa, evidenciando vicios de una supuesta ‘persecución política’.

Así, mientras el mandatario endurece su retórica, pasando de un llamado a la unidad a declaraciones de confrontación directa, diversos actores políticos y judiciales han denunciado ser víctimas de una estrategia de judicialización de la política para neutralizar a la oposición.

Al asumir el poder, el 23 de noviembre de 2023, Daniel Noboa proyectó una imagen conciliadora. En su discurso ante la Asamblea Nacional, afirmó:

“Aquellos que ven la política como una realidad de extremos y revanchas no tendrán el respaldo popular”.

En ese momento, enfatizó su intención de romper ciclos históricos de conflicto. “Como lo dije durante toda la campaña, no soy un anti nada, soy un pro Ecuador”. Incluso llegó a sentenciar que “el ‘anti’ tiene un techo y el ‘pro’ es infinito”.

Sin embargo, para marzo de 2026, el tono del mandatario se volvió combativo. Durante un evento en Cuenca, Noboa señaló: “Si recibo uno o dos golpes, golpeo cinco veces más”. Esta postura se consolidó con declaraciones donde se describió a sí mismo como un “pésimo enemigo” para sus contrincantes.

Primeros ‘perseguidos políticos’

La relación entre Noboa y su exvicepresidenta, Verónica Abad, se fracturó desde el inicio, cuando ella fue enviada a Israel como “colaboradora para la paz”. La situación escaló a niveles judiciales con el denominado caso Nene, donde su hijo, Sebastián Barreiro, fue sentenciado en febrero de 2026 a cinco años de prisión por presunta oferta de tráfico de influencias.

Barreiro y Abad han calificado este proceso como una “persecución política” orquestada desde el Ejecutivo. A esto se suma la inhabilitación de Abad por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en marzo de 2025, que suspendió sus derechos políticos por dos años, impidiéndole ejercer su cargo.

Aquiles Álvarez y el Municipio de Guayaquil

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, enfrenta una situación extremadamente crítica. Actualmente cumple prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro por los casos Triple A y por una presunta manipulación de su grillete electrónico.

También, tenía prisión preventiva por el caso Goleada, en el que se involucró a sus hermanos (Xavier y Antonio) y al asambleísta de RETO, Raúl Chávez.

Sin embargo, este 2 de abril de 2026, un Tribunal de Apelación revocó la medida impuesta en primera instancia por el juez de la Unidad de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, Jairo García, y les retiró la prisión preventiva a los hermanos Álvarez.

Con esta medida, Xavier y Antonio Álvarez recuperaron la libertad. Pero el alcalde no, debido a los otros dos procesos judiciales.

En su cuenta de X, Raúl Chávez señaló que el Tribunal determinó que los elementos de convicción presentados por la Fiscalía no eran suficientes para establecer la existencia del delito. “Con esta decisión también queda comprobado que todo ha sido una persecución política y que la ‘supuesta vinculación’ de la que se me acusa en el caso Goleada es falsa, inventada y sin sustento alguno. Me persiguen por exponer a Mario Godoy, por fiscalizar y por estar del lado de la justicia”, indicó Chávez.

Tras ello, el 2 de abril, la Fiscalía allanó el Municipio de Guayaquil por presunta falsificación de documentos, acto que la concejal Emily Vera calificó como un irrespeto a la institucionalidad y que forma parte de la misma persecución política.

Legislador acechado

Otros actores y dirigentes han denunciado presiones del Ejecutivo y persecución política. Uno de ellos es el legislador Juan Andrés González, jefe de la bancada de la Revolución Ciudadana.

Tras denunciar los casos Porsche (un carro de las empresas de Noboa estuvo al lado de la vivienda del principal sospechoso de poner bombas en Guayaquil), Blasti (2,6 toneladas de droga fueron halladas en una empresa de la familia Noboa), los legisladores de ADN le retiraron la inmunidad parlamentaria.

“Intentan judicializar mis críticas”, señaló González semanas atrás.

En este escenario de persecución, Juan Andrés González fue denunciado por calumnia y fue vinculado al asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Más casos

La exministra de Energía, Andrea Arrobo, fue denunciada por “sabotaje” tras la crisis energética de 2024. Arrobo, censurada por la Asamblea, alegó en una carta pública que ella alertó a Noboa sobre la crisis, pero que se le prohibió informar a la ciudadanía para no afectar la consulta popular de ese año.

Mientras que la jueza Nubia Vera, tras haber otorgado una acción de protección a favor de Verónica Abad, denunció haber recibido amenazas de muerte y presiones de autoridades del Consejo de la Judicatura para fallar contra la exvicepresidenta.

Actualmente, Vera enfrenta un llamado a juicio por presunta concusión en el caso Mueble Fino.

En este escenario de procesos judiciales simultáneos contra opositores, sumado a un discurso presidencial conflictivo, se ha profundizado la percepción de un uso político de la justicia en el “nuevo Ecuador”. Opositores de este régimen, como Juan Andrés González o Raúl Chávez, incluso debieron salir del país para salvaguardar su integridad.