Un informe previo, aprobado por los asesores de los vocales de la Judicatura —con excepción del despacho de Magaly Ruiz—, reconoció que los jueces anticorrupción Christian Quito y Gabriela Lara no actuaron en el caso Fachada, por lo que administrativamente no eran susceptibles de sanción.

Punto Noticias.- Más allá de una investigación de tipo penal que lleva adelante la Fiscalía alrededor del caso Fachada, en contra de los ahora exjueces Christian Quito y Gabriela Lara, en el ámbito administrativo, desde el mes de noviembre de 2025, la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura (órgano encargado de investigar y sancionar las faltas administrativas cometidas por los funcionarios judiciales) no encontró elementos suficientes para su destitución y declaró su inocencia.

Sin embargo, el 24 de febrero de 2026, el Pleno de la Judicatura dirigido por Damián Larco, representante del Ejecutivo ante la Función Judicial, resolvió separarlos ante una ponencia de la vocal Magaly Ruiz.

Pleno acogió ponencia de vocal y se investiga a técnicos

Los vocales acogieron la ponencia presentada por la vocal Ruiz y dejaron de lado el informe técnico elaborado por el personal especializado en el área de control disciplinario, que ya había sido conocido previamente.

De esta manera, el objetivo era restaurar -en algo- la imagen institucional de lucha contra la corrupción que ha sido socavada por actuaciones de funcionarios de la institución cercanos al expresidente de la Judicatura, Mario Godoy.

Ahora, quienes elaboraron ese proyecto de resolución son objeto de investigación, y no quienes lo firmaron. En ese grupo está Gloria A., quien, si bien ya no se desempeña como analista de Control Disciplinario 2 de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica en la matriz, desde el 28 de noviembre de 2025, fue la persona que denunció a Roger Tumalli, exdirector nacional de Asesoría Jurídica. A ella se suman Christian Berrezueta y Lenin Tobar.

Berrezueta se desempeñó como subdirector nacional de Control Disciplinario encargado y en enero de 2026 regresó al cargo de analista de Control Disciplinario 2 de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Mientras, Tobar se desempeña en la actualidad como supervisor de Control Disciplinario 2 en el mismo departamento.

Proyecto recomendaba no sancionar a los jueces

Ahora bien, en la sesión del Pleno del 24 de febrero de 2026, el Secretario General leyó el proyecto presentado por Control Disciplinario que recomendó no sancionar a los dos jueces ni al juez Jairo García, quien continúa en funciones a pesar de también ser investigado penalmente en el caso Fachada.

Según información preliminar, los tres jueces -presuntamente- intentaron liberar a Carlos Andrés Álvarez Cordero y Kerly Dayani Álvarez Cordero, hijos de Roberto Carlos Álvarez Vera, alias “Gerente”, cabecilla del Grupo Comandos de la Frontera, quien ahora se encuentra recluido en la Cárcel del Encuentro.

Tras la lectura del informe técnico, la vocal Ruiz se mostró en desacuerdo y aclaró que el expediente administrativo nace del caso Fachada, cuando el 16 de enero de 2025, la Fiscalía en coordinación con la Policía allanó inmuebles de propiedad de los tres jueces anticorrupción, como parte de una investigación por el presunto delito de tráfico de influencias.

Ese día, la Fiscalía obtuvo como evidencias, una serie de documentos, altas cantidades de dinero en efectivo, teléfonos celulares y computadoras.

Infracciones

Para la vocal Ruiz, los jueces fueron responsables de infracciones gravísimas tipificadas en el artículo 109, numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Según la norma, la infracción consiste en “solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios, que por sus características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la Función Judicial en el servicio que le corresponde prestar”.

La vocal dijo que se quiso alterar la situación jurídica de los hijos de alias “Gerente”, procesados en el caso Comandos de la Frontera, y para ello se habría solicitado dinero, lo cual pondría en duda la imparcialidad de la actuación de los jueces.

Dinero encontrado

Ruiz llamó la atención a Control Disciplinario al señalar que debió investigar, por ejemplo, en cuál de los domicilios se encontró dinero.

Dijo que en las versiones de la jueza Lara y de su madre estaba algo importante. El día del allanamiento, la Fiscalía encontró un contrato de compra y venta que habría sido suscrito antes de que Lara ingrese a la Función Judicial. Sin embargo, la vocal manifestó que eso se hizo cuatro días después del allanamiento, es decir el 20 de enero de 2025.

Al igual, mencionó que se encontró una póliza bancaria de apoyo educativo para un hijo de Lara.

Todos esos elementos, señaló que no constaron en el informe técnico. Sobre todo, consideró que se debió exponer los montos en la declaración juramentada.

La vocal de la Judicatura recordó que dinero en efectivo se habría encontrado en una caja de zapatos ubicada en una bodega de la casa de Lara. Al momento, la Fiscalía investigaría un presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Dinero sería de la pareja del juez

En el caso del juez Quito, existe la versión del mismo operador de justicia sobre los USD 10.000 encontrados en su domicilio, los cuales serían de su pareja sentimental.

Pero al referirse al juez Quito, la vocal Ruiz expuso que se encontró en el expediente otro elemento que es la versión de la jueza Karol Zambrano, quien habría expresado que intentaron influir en su actuación.

Ruiz subrayó que Quito y Lara querían poner en tela de duda la imparcialidad de la magistrada que estaba a cargo del caso Fachada como titular.

“Perdonaron” al juez García

El juez García, quien también formó parte de la investigación del caso Fachada, salió librado de cuestionamientos, pues no se encontraron elementos suficientes para sancionarlo administrativamente.

La razón radica en que la Fiscalía tampoco le formuló penalmente cargos como a Quito y Lara.

Tanto así que García cuenta con el aval no solo del propio Pleno de la Judicatura para trabajar al 100 % telemáticamente por supuestas amenazas proferidas por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sino que también goza del respaldo del presidente Daniel Noboa, quien dispuso que se le brinde seguridad, algo que no sucedió con el juez Carlos Serrano, quien denunció presiones por parte de funcionarios de la Judicatura.

Expediente disciplinario

Los casos de los tres jueces son parte del expediente disciplinario que se inició el 14 de abril de 2025 y pasó a la Subdirección de Control Disciplinario, el 19 de agosto.

Estos insumos sirvieron para el informe técnico que fue expuesto en el prepleno del 19 de noviembre de 2025. Quienes asistieron a la reunión (asesores de los vocales, del Presidente y técnicos) resolvieron -por mayoría- recomendar al Pleno que no los sancione y que no acojan el informe motivado de la entonces directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el Ámbito Disciplinario, Gisela Ibujés, que sugería destituirlos.

Esta situación se produjo en el contexto del caso del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, a quien la jueza Lara, el 21 de noviembre, otorgó su voto —aunque en minoría— a favor de declararlo inocente.

Fiscalía no entregó información por estar en indagación previa

Al parecer, el personal de Control Disciplinario solicitó a la Fiscalía Provincial de Pichincha las copias certificadas del expediente del caso Fachada, con el ánimo de buscar responsabilidades. Sin embargo, la Fiscalía las negó por estar en investigación previa, la cual es reservada.

A su vez, el Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) certificó que el juez Quito tuvo una sola actuación, en el marco del caso Fachada, y fue excusarse, la cual fue aceptada por el juez Vicente Hidalgo el 18 de enero de 2025, por ser investigado en esa causa. Mientras, que por parte de la doctora Lara no existiría ninguna actuación.

Investigación

El 14 de enero de 2025, la Fiscalía inició la fase de investigación previa en contra de Quito, Lara, García, Grigson Alexander Cabeza Bazán (abogado), Oswaldo Patricio Trujillo Santillán (abogado); y, Cervantes Galván Fidel Homero, en el marco del caso Fachada.

Por otra parte, en su versión, la secretaria de Juzgados y Unidades Judiciales, Daniela Cajas, esposa de Henry Gaibor, exdirector de la Judicatura de Pichincha, indicó que ninguno de los dos jueces, refiriéndose a Quito y Lara actuaron en el proceso.

Bajo esos parámetros no tenían ningún otro tipo de elemento de convicción o prueba para poder emitir una resolución contraria. Todo eso fue analizado en el prepleno.

Para el 23 de noviembre de 2025, el tema regresó a manos de Control Disciplinario. Mientras, el 3 de febrero de 2026, el tema llegó a conocimiento del subdirector nacional de Control Disciplinario, Geanpiere Terán, considerado “mano derecha” del expresidente de la Judicatura, Mario Godoy. Aunque, según consta en el apartado de Transparencia de la página de la Función Judicial su cargo a enero 2026 sería el de analista del Centro Nacional de Mediación 2, del Centro Nacional de Mediación.

Incluso, la Fiscalía pidió la formulación de cargos, pero el órgano de control debía pedir más documentación para investigar. Sin embargo, el director encargado tomó el mismo documento que firmó la doctora Gloria A. en noviembre de 2025 y lo presentó como un nuevo documento, pero con fecha 24 de febrero de 2026.

Es en este punto que cabe aclarar que desde el 28 de noviembre de 2025, la funcionaria ya no estaba laborando en la matriz de la Judicatura.

Por el caso Tumalli fue removida a otra dependencia. Es así que su abogado señala que cómo es posible que si ella está desde esa fecha fuera del área de control disciplinario presenten el informe con la firma el 24 de febrero de 2026.

El jurista indicó que debían haber añadido nuevos elementos, pero no hubo nada adicional y de eso conocieron los vocales a través de sus delegados al prepleno, aunque en la sesión del 24 de febrero de 2026, los vocales hicieron como si recién se enteraban de la situación, algo que el representante técnico que se refirió al informe lo defendió y recalcó que el contenido se lo dio a conocer en noviembre.

Además, dijo que si aún no hay sentencia en firme en el ámbito penal, la Judicatura no puede sancionar de esa manera.

Posición de la vocal de la Judicatura

Por otra parte, la ponencia de la vocal Ruiz que fue sometida a moción ya se conocía -como ella señaló- desde el 21 de noviembre de 2025, pero alegó que porque el tema estaba en indagación previa mantuvo la reserva y hasta indicó una línea de tiempo haciendo las conexiones entre casos.

Por una sugerencia del vocal Fabián Fabara, incluso las investigaciones se acentúan a la Dirección de Control Disciplinario, no a los asesores que firmaron el proyecto del informe para presentarlo al Pleno, sino solo a los técnicos.

Durante su intervención en el Pleno, Larco señaló que eso es una muestra de la lucha frontal contra la corrupción, pero no se ahondó en el estado de inocencia, en el ámbito administrativo, como recomendó el informe técnico.