Dos leyes impulsadas por el Gobierno de Noboa fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional.

La derrota del ‘Sí’ en la Consulta Popular, del 16 de noviembre de 2025, volvió a poner en primer plano el conflicto entre Daniel Noboa y la Corte Constitucional, un choque que se dio meses atrás, cuando el tribunal suspendió artículos clave de las leyes urgentes que el Ejecutivo impulsó bajo el marco del “conflicto armado interno”.

La consulta planteaba instalar una nueva constituyente que, entre otros cambios, buscaba reemplazar a la Corte por una Sala Constitucional dependiente de la Corte Nacional de Justicia.

Con ese revés electoral, expertos advierten que la Corte se mantiene como el único freno efectivo frente a un Gobierno que, aseguran, tiene bajo su influencia a casi todas las demás funciones del Estado.

Un tribunal que ha frenado reformas clave del Ejecutivo

La Corte Constitucional detuvo varias iniciativas de alto impacto promovidas por el Ejecutivo.

El 13 de agosto, el tribunal suspendió provisionalmente varios artículos de tres leyes propuestas (Solidaridad, Inteligencia e Integridad Pública) por Daniel Noboa. Pero, el 27 de septiembre, la Corte declaró inconstitucionales las leyes de Solidaridad e Integridad Pública.

El 4 de septiembre, archivó la propuesta que buscaba permitir la castración química a sentenciados por violación y crear un registro confidencial de ofensores sexuales. El dictamen determinó que la reforma vulneraba la integridad física, carecía de sustento científico y podía generar discriminación por antecedentes judiciales.

Meses antes, la Corte ya había limitado los estados de excepción prolongados que el Gobierno decretó desde que declaró el “conflicto armado interno” en enero de 2024, advirtiendo que la figura no puede usarse indefinidamente para sustituir la gestión ordinaria del Estado.

La reacción del Noboa fue inmediata. Convocó a una manifestación contra la Corte para el 12 de agosto. Esto profundizó la confrontación institucional.

En ese sentido, el exjuez Pablo Vallardo expuso:

“La Corte cumple un rol clave como contrapeso del Ejecutivo, de una Asamblea con mayoría oficialista y con aliados en instituciones como la Fiscalía, Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana. Sin ese freno, el equilibrio democrático se derrumbaría”.

Un Gobierno con poder ampliado, ¿pero tiene un freno?

Analistas consultados coinciden en que Noboa ha logrado concentrar una cuota de poder sin precedentes desde su llegada al Gobierno en 2023: controla la Asamblea a través de una mayoría estable, influye en el Consejo de la Judicatura, Fiscalía y mantiene cercanía con autoridades electorales.

Sin embargo, ninguna de esas instituciones puede detener decretos, bloquear leyes o frenar preguntas de una Consulta Popular. La Corte Constitucional sí.

“La Asamblea, hoy con mayoría oficialista, no representa un freno para Noboa. La única institución que ha bloqueado decretos, suspendido leyes urgentes y tiene la facultad de rechazar preguntas de consulta es la Corte Constitucional. Por eso, la ve como el obstáculo principal a su poder”, afirma la consultora política Ximena Coronado.

Para los expertos, el tribunal se ha convertido no solo en un freno técnico, sino en el último dique institucional frente a un Ejecutivo decidido a reconfigurar el sistema político.