Varias acciones contribuyeron al amplio triunfo del “No”, sumadas a declaraciones, actitudes y decisiones que generaron desconfianza entre la población.

El anuncio de una serie de medidas clientelares y decisiones adoptadas con evidente cálculo político no le alcanzaron al Daniel Noboa para asegurar la victoria del “Sí” en las cuatro preguntas de la Consulta Popular y Referéndum 2025, desarrollada este domingo 16 de noviembre de 2025.

Por el contrario, estas acciones contribuyeron al amplio triunfo del “No”. A esto se suma las declaraciones, actitudes y decisiones que generaron desconfianza entre la población.

A continuación, un repaso de las medidas que no le dieron resultado al Gobierno:

1. Uso de una cárcel inconclusa y denigración de presos

Noboa adelantó el traslado de cerca de 300 internos a la cárcel del Encuentro, aún en construcción. El centro penitenciario está ubicado entre Juntas del Pacífico y la Bajada de Chanduy, en Santa Elena.

La Cárcel del Encuentro tiene cinco pabellones, cuatro patios, tres cercos de seguridad y seis torres de vigilancia de 9,5 metros. Cuenta también con un sistema de monitoreo basado en inteligencia artificial. Su capacidad estimada va de 800 a 1.000 personas privadas de libertad.

El 10 de noviembre, el Noboa confirmó el traslado del exasambleísta Pablo Muentes, sentenciado por delincuencia organizada en el caso Purga, y del exvicepresidente Jorge Glas. Asimismo, emitió declaraciones despectivas hacia las personas privadas de libertad.

2. Declaraciones alarmistas sobre el agua potable en Guayaquil

El 8 de noviembre de 2025, el presidente insistió en que el agua potable de Guayaquil estaba contaminada. El primer mandatario afirmó que el agua contenía “caca, detergente, aluminio, plomo y cobre” y que el nivel de aluminio superaba lo permitido. También mencionó la presencia de zinc, manganeso, cromo, nitritos y sulfuros.

Entre tanto, el alcalde Aquiles Alvarez respondió mediante un video. Negó las afirmaciones del Gobierno y aseguró que los datos oficiales provienen de un canal de aguas lluvias dentro de la planta de tratamiento Los Merinos (obra prevista para 2026) y no de la red de agua potable. En la grabación, bebe agua frente a la cámara y afirma: “No tiene caca, no tiene metales, no tiene coliformes”. Sostuvo que en la ciudad se realizan más de 70.000 controles por año y que el sistema cuenta con certificación INEN.

Amplios sectores interpretaron estas declaraciones como un ataque político contra el alcalde Aquiles Alvarez en pleno contexto electoral.

3. Entrega de bonos y compensaciones

Días previos a la consulta, el Gobierno lanzó medidas económicas dirigidas a la fuerza pública y a los sectores afectados por las paralizaciones. El Daniel Noboa anunció la acreditación del bono “Legado de Honor”, de USD 470, para policías y militares. El beneficio ya se había otorgado en marzo a través de los decretos 584 y 585.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Desarrollo Humano puso en marcha el programa “Firmes con Noboa” para pequeños comerciantes que quedaron sin ingresos durante los 31 días de protestas. Equipos estatales recorrieron el territorio para inscribir, de forma directa, a dueños de tiendas, heladerías y otros negocios con el objetivo de entregar un bono de USD 1.000 a cada beneficiario.

También entregó bonos a transportistas, jóvenes y pequeños negocios. La ciudadanía lo interpretó como un intento de compra de votos.

4. Pago adelantado del decimotercer sueldo

Sin una explicación técnica sólida, el Gobierno decidió anticipar el pago del decimotercer sueldo para el sector público —previsto normalmente para diciembre— bajo el argumento de “mover la economía”.

La Presidencia informó que unas 150 empresas e instituciones aceptaron su invitación para adelantar el pago también en el sector privado. La medida se efectuó apenas dos días antes de la consulta, reforzando la percepción de uso electoral de recursos públicos.

5. Visita de la Secretaria de Seguridad de EE.UU.

Días antes de la consulta, el Gobierno recibió la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, presentándola como un espaldarazo internacional para su proyecto de permitir bases militares extranjeras.

La visita incluyó un recorrido, el 5 de noviembre, por la base Eloy Alfaro de Manta, en Manabí. Allí evaluó la capacidad tecnológica del lugar ante una posible instalación de operaciones militares de Estados Unidos. Un día después, el 6 de noviembre, acudió a la Escuela Militar de Aviación Cosme Rennella Barbatto, en Salinas, Santa Elena.

Horas antes del proceso electoral se conoció que EE. UU. no enviaría apoyo militar. En su lugar, planteaba trasladar a Ecuador a migrantes de terceros países que habían pedido asilo en territorio estadounidense.

6. Captura de alias “Pipo”

El 16 de noviembre, día de la consulta popular, el Gobierno anunció la detención en Málaga, España, de Wilmer Chavarría Barré, alias Pipo, uno de los líderes de Los Lobos.

La operación se ejecutó con las normas vigentes (Constitución del 2008) y mediante la coordinación entre la Policía española, la Policía ecuatoriana y agencias de Estados Unidos. El procedimiento mostró que no se requerían reformas constitucionales para enfrentar al crimen organizado.

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que a alias Pipo se le atribuyen más de 400 muertes, entre ellas las de varios políticos ecuatorianos. Registra antecedentes desde 2004 por robo, asociación ilícita, narcotráfico, sicariato, atentados terroristas y hechos de violencia en cárceles.

7. Amenazas sobre el sistema de salud (IESS)

El Gobierno advirtió que, con la nueva Constitución, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) dejaría de ser prestador de servicios de salud para pasar a un sistema administrado por el Ministerio de Salud.

Esta afirmación generó temores sobre la calidad de la atención médica y provocó rechazo ciudadano.

8. Reformas a los institutos de seguridad social de Policía y Fuerzas Armadas

El anuncio sobre la posible unificación del Isspol y el Issfa bajo el Ministerio de Salud —luego suavizado por los propios ministros— generó preocupación entre los afiliados. En la Policía y en las Fuerzas Armadas se interpretó como un perjuicio directo a los afiliados, especialmente en sectores sensibles como la Policía y las Fuerzas Armadas.