La familia denuncia que el traslado a Quito no se concretó porque les pidieron pagar la gasolina de la ambulancia.

La crisis que atraviesa el Hospital General Francisco de Orellana, en El Coca, tuvo un desenlace fatal para un joven de 26 años que, tras un siniestro de tránsito, murió sin acceder a una tomografía y sin la valoración de un neurocirujano.

Su familia asegura que el traslado a Quito nunca se concretó porque les exigieron pagar el combustible de la ambulancia.

El joven ingresó la semana pasada al hospital y estuvo cuatro días hospitalizado.

Pese a la gravedad de sus lesiones, no recibió el estudio de imágenes que requería porque el único tomógrafo del establecimiento dejó de funcionar este mes.

Según contó su familiar, Jessica Huatatoca, el personal médico les advirtió que la situación era crítica, pero el traslado dependía de que ellos mismos costearan la gasolina.

“Los doctores han dicho que ya no podía resistir (…) Nosotros dijimos si había posibilidad de llevarlo a Quito y nos dijeron que no había gasolina, que teníamos que poner USD 80. Teníamos que pedir prestado, buscar ayuda… es difícil”, relató a Ecuavisa.

El caso del joven refleja el colapso que hoy se vive en los pasillos del hospital, donde pacientes y familiares aseguran que los equipos están inhabilitados y los insumos se han agotado.

Videos difundidos por usuarios muestran la puerta cerrada del área donde funcionaba el tomógrafo, lo que obliga a que todos los pacientes que requieren estudios urgentes sean trasladados a otros cantones.

En la sala de emergencia, incluso personas con aneurismas cerebrales aguardan más de diez días por un cupo para ser trasladadas a otro centro de la red pública.

Una mujer contó que tuvo que llevar por su cuenta a su madre a una clínica privada en Sucumbíos para realizarle una tomografía.

“Nos mandaban a Lago Agrio, que esperemos un cupo, pero no había. Buscamos USD 140 para el examen y USD 40 para la ambulancia”.

En medio de esta situación, también se reporta desabastecimiento de insumos básicos.

“Una jeringuilla no tiene el Hospital de Francisco de Orellana”, dijo una familiar de otro paciente.

A la precariedad se suma la deuda de cuatro meses en los pagos para más de 20 trabajadores de servicios externalizados de limpieza.

“Ya no tenemos ni para los niños ni para la colación. Hay compañeros que ni siquiera almuerzan. Pedimos que nos ayuden y nos cancelen”, reclamó una de ellas.

Ecuavisa solicitó una entrevista con la directora del hospital, Gina Pérez. Sin embargo, dijo que no está autorizada para pronunciarse y remitió a la Coordinación Zonal 2 de Salud, pero no hubo respuesta oficial.