La Proforma del MEF confirma que USD 12.387 millones se irán en amortizaciones e intereses el próximo año, comprometiendo seguridad, inversión y servicios públicos.

El peso del endeudamiento marcará nuevamente el rumbo del Presupuesto General del Estado en 2026.

Según la Proforma presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ecuador deberá destinar USD 12.387,8 millones únicamente al servicio de la deuda pública, entre amortizaciones e intereses.

Se trata de una carga que absorberá el 41,1% de los ingresos totales previstos y el 34,9% del gasto público programado.

En otras palabras, para el economista Marco Flores, más de un tercio del presupuesto del próximo año está comprometido de antemano, dejando escaso margen para financiar políticas públicas esenciales, reforzar la seguridad, sostener la inversión social o atender la creciente demanda de servicios públicos.

Un peso estructural que reduce la capacidad del Estado

La Proforma del MEF detalla que, dentro del servicio de la deuda, USD 8.350 millones corresponden a amortizaciones y USD 4.037.8 millones a intereses.

“La Proforma reconoce que el costo financiero es uno de los principales factores que presionan el gasto primario y que destruye la capacidad de ejecución del presupuesto en áreas críticas.

Sin embargo, no se incorporan medidas orientadas a revertir la situación mediante un crecimiento económico sostenido que genere empleo productivo y fortalezca los ingresos permanentes del Estado”, expuso Flores.

Una restricción fiscal que no cede

El análisis del economista Marco Flores, basado en las cifras oficiales del MEF, plantea un panorama preocupante: Ecuador continuará enfrentando en 2026 una rigidez fiscal severa, que se ha acumulado durante más de ocho años de incremento sostenido de la deuda pública sin un correlato equivalente en activos estatales o inversión productiva.

En ausencia de un repunte económico sólido, advierte que la estructura fiscal seguirá apoyándose en el ajuste, el endeudamiento recurrente y la subejecución, afectando directamente la provisión de bienes y servicios públicos.

Un presupuesto condicionado desde el inicio

Con USD 12.387 millones reservados para pagar deudas, el Estado arrancará el 2026 con limitaciones que impactarán la calidad y continuidad de la inversión pública.

Esto se traducirá, según el análisis, en dificultades para ejecutar plenamente el presupuesto aprobado, deterioro de servicios básicos, menor capacidad de respuesta ante emergencias y una contracción adicional del espacio fiscal para políticas de desarrollo.

La conclusión es clara: el pago de la deuda seguirá “destruyendo” la inversión pública durante 2026, mientras el país enfrenta una de las restricciones presupuestarias más severas de la última década.

Daniela Fonseca