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Ante el riesgo en 368 recintos, el CNE no descarta suspender las votaciones en esas zonas sin alterar la posesión del 14 de mayo. Sin embargo, el Inhami limita la previsión del clima a una semana previa, y analistas advierten que la medida vulneraría la democracia.
El pasado 15 de septiembre de 2026, Christian Díaz, director de Seguridad y Gestión de Riesgos del Consejo Nacional Electoral (CNE), advirtió que 368 recintos electorales se encuentran en zonas de riesgo de cara a las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre de 2026.
Según el funcionario, 257 de estos puntos son vulnerables a inundaciones, principalmente en la Costa, mientras que 111 enfrentan amenaza de taludes y deslizamientos de tierra.
José Cabrera, presidente del CNE, aclaró que el marco legal faculta al organismo a tomar medidas operativas extraordinarias frente a situaciones de fuerza mayor.
Cabrera enfatizó que el Código de la Democracia autoriza el aplazamiento o la suspensión de los comicios en sectores específicos, disponiendo para ello de recintos auxiliares o de contingencia para reubicar las mesas de sufragio.
En caso de una catástrofe de gran magnitud que afecte a zonas enteras, el titular del CNE explicó que la votación en esos recintos podría reprogramarse para llevarse a cabo durante los meses de diciembre, enero o febrero.
No obstante, remarcó que cualquier ajuste en el cronograma tiene un límite inamovible: la fecha constitucional del 14 de mayo, día en que obligatoriamente deben posesionarse las nuevas autoridades electas.
¿Pronóstico anticipado?
Pese a los planes de contingencia presentados por la autoridad electoral, la posibilidad de prever con exactitud el impacto del clima cuenta con severas limitaciones científicas.
Javier Macas, técnico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inhami), precisó que la institución emite informes con alto grado de certeza únicamente con una semana de anticipación.
Macas señaló que, si bien el Inhami elabora reportes especiales por provincias a requerimiento del CNE, formular un pronóstico exacto para finales de noviembre desde este momento es prácticamente imposible por la variabilidad de los modelos.
Por ello, los análisis definitivos para orientar al organismo electoral se concentrarán durante el propio mes de noviembre para reducir el margen de error.
Pese a lo expuesto, el CNE adelantó las elecciones seccionales del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026, justificándolo en informes sobre riesgos climáticos que amenazaban a 218 recintos, una cifra incluso menor a la actual.
En contraste, la politóloga y abogada Melania Carrión cuestionó estos cálculos y relativizó la dimensión real del riesgo. A su juicio, la medida buscaba desincentivar la participación electoral en la costa rural, beneficiando a las organizaciones políticas con mayor despliegue y capacidad organizativa.
Además, Carrión alertó sobre un riesgo sistémico, pues la reducción de los tiempos de campaña dificultaría el conocimiento de las propuestas ciudadanas y generaría una ventana de oportunidad para la infiltración de capitales del crimen organizado.
¿No hay sustento jurídico?
El abogado y analista político Santiago Cahuasquí sostuvo que el CNE tiene el deber de reubicar los recintos vulnerables para garantizar el derecho fundamental al voto.
El experto aclaró que, de acuerdo con el artículo 147 Código de la Democracia, se requeriría que al menos el 30% de los recintos a nivel nacional no puedan votar para declarar la nulidad total de un proceso, un umbral al que no llegan los 368 puntos identificados.
Se declarará la nulidad de las elecciones en los siguientes casos:
- Cuando se hubiera declarado la nulidad de las votaciones en al menos el treinta por
ciento de juntas receptoras del voto, siempre que esto afecte los resultados definitivos de
la elección de cargos nacionales o locales.- Cuando no se hubieran instalado o se hubieran suspendido las votaciones en al menos
el treinta por ciento de juntas receptoras del voto, siempre que esta situación afecte los
resultados definitivos de la elección de cargos nacionales o locales.- Cuando los votos nulos superen a los votos de la totalidad de candidatas o candidatos,
o de las respectivas listas, en una circunscripción determinada, para cada dignidad.
Al igual que Carrión, Cahuasquí cuestionó la decisión previa del CNE de modificar el calendario electoral. El analista reveló que la institución omitió informes de organismos internacionales que pronosticaban precipitaciones más intensas en noviembre que a inicios de 2027.
A su juicio, la reubicación de recintos debe obedecer a parámetros estrictamente empíricos bajo veeduría ciudadana y de los partidos, evitando decisiones antojadizas en un contexto signado por la falta de control sobre el uso de recursos públicos con fines proselitistas desde el Ejecutivo e irregularidades en la cancelación de organizaciones políticas.
Desgaste institucional
Por su parte, el analista político David Chávez calificó esta coyuntura dentro del proceso electoral “más anómalo y menos democrático desde el retorno a la democracia”.
Chávez coincidió en que una eventual suspensión en estos recintos no respondería a un interés real de proteger a la población, sino que serviría de pretexto político para intervenir en los resultados ante la previsión de un desempeño adverso del gobierno oficialista, especialmente en la región litoral.
De acuerdo con el analista, la gestión del Ejecutivo enfrenta una marcada erosión por la persistencia de la crisis de seguridad y los apagones eléctricos, que ya generan severos perjuicios mediante cortes industriales programados.
Chávez concluyó que, ante el agotamiento de la narrativa del “anticorreísmo” como única estrategia de gobierno y la pérdida de respaldo popular respecto a periodos anteriores, las maniobras administrativas sobre las zonas de riesgo buscarían contener la derrota electoral en un escenario de creciente descontento social.
Desde el análisis jurídico y político, la gestión de estas zonas de riesgo genera profundas objeciones.
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