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El expresidente fue sentenciado en un plazo distinto al registrado en otros procesos que involucran a actores políticos.
El expresidente Abdalá Bucaram, que gobernó menos de seis meses Ecuador, pasó dos décadas exiliado en Panamá y regresó al país en 2017 después de que prescribieran antiguas causas, fue sentenciado el 9 de septiembre de 2026 tras un proceso por delincuencia organizada que comenzó en 2020. Seis años le tomó a la justicia llegar a una sentencia de primera instancia en este caso, mientras que en otros procesos que involucran a otros actores políticos los tiempos son distintos.
La sentencia se conoció mientras Bucaram permanecía hospitalizado en una clínica de Guayaquil por problemas cardíacos y escuchaba la decisión de manera telemática. Días antes, el 15 de agosto, el expresidente había aparecido públicamente celebrando el triunfo de su nieta, Dalia Bucaram, quien fue coronada Miss Universo Ecuador 2026.
El caso
El proceso por delincuencia organizada comenzó durante la emergencia sanitaria por la Covid-19. En junio de 2020, la Fiscalía allanó la vivienda de Bucaram en Guayaquil dentro de una investigación relacionada con la comercialización de insumos médicos. El caso posteriormente derivó en un proceso por delincuencia organizada.
La Fiscalía sostuvo que los procesados estaban relacionados con la comercialización irregular de unas 21.000 pruebas rápidas y otros insumos médicos.
El juicio involucró también a Jacobo Bucaram, hijo del expresidente; al ciudadano israelí Sheinman Oren y al exagente de tránsito Leandro Berrones.
El 9 de septiembre, el tribunal declaró responsables a Abdalá y Jacobo Bucaram como colaboradores y les impuso nueve años y cuatro meses de prisión. Berrones recibió 13 años y cuatro meses, mientras que Oren fue condenado a dos años y ocho meses después de acogerse a la cooperación eficaz. La sentencia es de primera instancia y puede ser apelada.
Un historial que viene de antes
Este no es el primer proceso judicial que enfrenta Abdalá Bucaram.
Desde 2018, los registros de la Fiscalía contabilizan nueve procesos, incluido el de delincuencia organizada. Los otros ocho corresponden a investigaciones o procesos por delitos como incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, delitos relacionados con bienes del patrimonio cultural, tráfico ilícito de armas, intimidación, hurto y actos de odio.
Estos registros no significan que todos hayan terminado en condena.
La trayectoria judicial de Bucaram comenzó mucho antes. Tras su salida de la Presidencia en 1997 enfrentó procesos por peculado relacionados con Mochila Escolar y Gastos Reservados.
Permaneció durante dos décadas en Panamá. En 2017, la Corte Nacional de Justicia declaró prescritas esas causas y levantó la orden de captura que pesaba sobre él. Ese mismo año regresó a Ecuador.
Seis años y una pregunta
El proceso por delincuencia organizada comenzó en 2020 y llegó a sentencia seis años después, tras diferimientos y dificultades para instalar la audiencia. Ese tiempo abre una pregunta sobre los ritmos de la justicia ecuatoriana.
Mientras el caso Bucaram necesitó seis años para llegar a una sentencia de primera instancia, otros procesos que involucran a actores políticos han avanzado en períodos considerablemente menores.
Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, señaló que la duración de los procesos judiciales puede estar condicionada por distintas circunstancias.
Explicó que, cuando existen varios procesados y abogados con otras audiencias previamente señaladas, las diligencias pueden diferirse. También mencionó como otro factor la carga política que pueden tener determinados casos.
Tiempos procesales
Un ejemplo que permite observar una diferencia en los tiempos es el de Aquiles Alvarez. Sus tres procesos penales han avanzado en períodos de entre seis y 14 meses, aunque no todos se encuentran en la misma etapa.
En el caso Triple A, la investigación pública comenzó en julio de 2025 y el 29 de agosto de 2026 un tribunal emitió una sentencia de primera instancia de seis años y ocho meses: alrededor de 14 meses desde el inicio de las investigaciones conocidas públicamente.
El proceso Grillete, por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad, comenzó en febrero de 2026 y llegó a una sentencia el 3 de agosto, en aproximadamente seis meses.
Mientras que Goleada, por presunto lavado de activos, lleva cerca de seis meses y permanece en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, luego de la eliminación de la Unidad Judicial Anticorrupción y su traslado a la justicia penal común.
El contraste está en los tiempos procesales: mientras el caso de delincuencia organizada contra Abdalá Bucaram tomó seis años hasta llegar a una sentencia de primera instancia, dos de los procesos de Alvarez llegaron a sentencia en seis y 14 meses, y el tercero continúa en una etapa previa al juicio.
En el caso de Bucaram, además, la Fiscalía registra desde 2018 nueve procesos, incluido el de delincuencia organizada. A este historial se suman causas anteriores que fueron declaradas prescritas en 2017, después de que el expresidente permaneciera durante años en Panamá.
La sentencia emitida el 9 de septiembre de 2026 todavía puede ser apelada. El caso deja sobre la mesa una diferencia en los tiempos de los procesos judiciales: ¿qué factores explican que algunos expedientes que involucran a figuras políticas lleguen a una sentencia en meses, mientras otros tardan años?
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