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Investigaciones de HRW identificaron a las naves atacadas como embarcaciones pesqueras y cuestionaron la versión oficial sobre los operativos en alta mar.
La legitimidad de las operaciones militares entre el Gobierno de Estados Unidos y Ecuador han sido cuestionadas por Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
El foco de la controversia gira en torno a una interrogante fundamental: ¿cómo es posible que las autoridades califiquen a estas embarcaciones como apoyos del crimen organizado cuando, previo a su salida, fueron abordadas e inspeccionadas por las propias Fuerzas Armadas sin hallar irregularidad alguna?
De acuerdo con las investigaciones independientes llevadas a cabo por HRW —que incluyeron verificación de rutas y recolección de testimonios—, se logró constatar que las naves atacadas eran embarcaciones pesqueras.
En su intervención, Juanita Goebertus reveló que existe documentación oficial que desmiente la narrativa de flagrancia o de falta de control previo.
“Tenemos directamente en uno de los casos de las embarcaciones la certificación de que la Guardia Costera ecuatoriana, antes del ataque con drones, abordó uno de los barcos para verificar y hacer una inspección y los dejó continuar con su itinerario de pesca porque no había nada sospechoso, todos esos pescadores sin antecedentes judiciales”.
A pesar de haber superado dicho abordaje y contar con la autorización estatal para continuar su faena marítima, la nave fue posteriormente atacada y destruida en alta mar bajo acusaciones de narcotráfico.
Control en el puerto
Las declaraciones de HRW contradicen la postura del Comando Sur de Estados Unidos y del Gobierno ecuatoriano. La fuerza militar estadounidense justificó los hundimientos argumentando que las naves servían como puntos de abastecimiento de combustible para el grupo delictivo Los Choneros.
En esa misma línea, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, aseveró que los barcos habían sido investigados previamente y defendió la contundencia de las intervenciones. “No hay ningún error”.
Esta justificación ha generado fuertes inconsistencias jurídicas. El abogado Fernando Bastias, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, cuestionó por qué no se actuó en tierra si se contaba con información de inteligencia previa.
“Si hay información de inteligencia, ¿por qué no procesas penalmente a las personas antes de salir a alta mar? ¿La aprehensión fue en flagrancia entonces? ¿Por qué destruyes la prueba?”.
Investigación
Para la directora de HRW, el problema de fondo radica en que se está ejecutando una estrategia de choque visual que no desarticula las estructuras delictivas y vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Juanita Goebertus concluyó que combatir al crimen organizado exige inteligencia financiera e institucional, en lugar de acciones de alto impacto publicitario.
“Se están violando derechos humanos de los ecuatorianos, pero además les están vendiendo una política de seguridad que será muy buena para poner el video en redes sociales, en X y demás, pero para combatir al crimen organizado se necesita una investigación en serio”, indicó en una entrevista con CNN.
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