Caso Progen: un memorando de Roberto Luque puso bajo control de José Manuel de Oliveira los contratos de emergencia del sector eléctrico, según expone Fiscalía

Durante la audiencia de vinculación del caso Progen, la Fiscalía presentó un memorando firmado por Roberto Luque que concentró la revisión de las contrataciones de emergencia en José Manuel de Oliveira, hoy procesado por presunto peculado.

Durante la audiencia de vinculación del denominado caso Apagón (o caso Progen) celebrada este 24 de agosto de 2026, la Fiscalía General del Estado expuso un elemento documental relacionado al flujo de toma de decisiones en el sector eléctrico.

La exposición fiscal, liderada por el fiscal general encargado Carlos Alarcón, sacó a la luz un memorando de centralización de contratos y detalló la participación activa de José Manuel de Oliveira y Peter Christian Dreher, quienes habrían facilitado la adjudicación de los contratos de generación térmica de emergencia que terminaron en un perjuicio de USD 104,37 millones para el Estado ecuatoriano, durante los apagones de unas 14 horas en 2024.

El encargo a José Manuel de Oliveira

De acuerdo con el fiscal Carlos Alarcón, el memorando fechado al inicio de la gestión del exministro Luque disponía que todos los procesos de contratación pública de la emergencia del sector eléctrico

“sean previamente comunicados y coordinados con la coordinación general jurídica del Ministerio de Energía y Minas para su análisis y aprobación”.

Esta directriz le otorgó un control absoluto sobre la legalidad de los contratos emergentes a José Manuel de Oliveira, quien se desempeñó en el cargo de coordinador general jurídico entre el 23 de abril y el 2 de diciembre de 2024.

La teoría del caso presentada por la Fiscalía sostiene que, a pesar de contar con este mandato directo para supervisar y aprobar los procesos, De Oliveira omitió graves irregularidades en la fase previa a la firma de los contratos con Progen Industries LLC.

Específicamente, la entidad fiscal reveló que las gestiones preliminares para los millonarios proyectos de Salitral (valorado en USD 99,4 millones) y Quevedo (por USD 49,7 millones) —las cuales incluían la elaboración de fichas técnicas, pliegos, términos de referencia y listas de proveedores— se desarrollaron sin contar con la declaratoria formal de emergencia emitida por la entidad contratante.

Pese a la inexistencia de esta declaratoria legal, indispensable para justificar la vía directa de contratación de emergencia, De Oliveira no emitió ningún pronunciamiento en contra ni detuvo el proceso.

Por el contrario, la Fiscalía demostró que el exfuncionario “asistía a reuniones” de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) relacionadas con la viabilización de la compra de equipos.

Además de omitir los controles legales, la Fiscalía expuso en la audiencia que el entonces coordinador jurídico mantenía un estrecho “contacto telefónico con la señora Daniela Gordillo”, subgerente jurídica de la Unidad de Negocio Termopichincha.

Según el expediente fiscal, ambos funcionarios se reunieron de forma directa con el propósito de viabilizar las prórrogas contractuales que favorecieron a la contratista estadounidense Progen.

Para los investigadores de Fiscalía, De Oliveira realizó el seguimiento y la facilitación de estos contratos —que terminaron provocando un perjuicio de USD 104,4 millones por equipos inservibles que nunca operaron— sin dejar constancia escrita de pronunciamientos que advirtieran sobre el evidente desapego normativo.

Al día de hoy, José Manuel de Oliveira se encuentra fuera del país. Los registros migratorios expuestos por la Fiscalía confirman que el excoordinador jurídico abandonó el Ecuador el pasado 10 de mayo con rumbo a Los Ángeles, Estados Unidos.

La participación de Peter Dreher

La participación de Peter Christian Dreher Pozo, quien se desempeñaba como asesor dos del despacho de Roberto Luque, fue igualmente determinante en la fase precontractual del caso.

La Fiscalía ubica su intervención desde el 19 de abril de 2024, cuando comenzó a participar en mesas técnicas conjuntas con la gerencia de Celec para abordar la crisis energética. Dreher integraba un comité de trabajo ministerial estratégico que exigía constantes reportes sobre los avances de la generación termoeléctrica.

Uno de los indicios expuestos en la Corte Nacional de Justicia fue el viaje que Dreher realizó a Estados Unidos en mayo de 2024. Según el expediente fiscal, esta visita técnica se concretó tras aceptar una invitación directa de Karla Saud Calero, representante de Progen en Ecuador y hoy procesada en la causa.

La oferta de viaje fue remitida formalmente al “abogado Peter Dreher, asesor del ministro”, bajo la justificación de “conocer una central de generación termoeléctrica que se encontraba en operación comercial”.

Tras su retorno al país, en junio de 2024, Dreher solicitó la elaboración de los términos de referencia a la Unidad de Negocio Termopichincha, sabiendo de antemano el estado y avance de las negociaciones de Salitral y Quevedo.

La Fiscalía le atribuye haber omitido toda gestión de control pese a mantener una relación directa y un conflicto de interés con la empresa proveedora de los generadores inservibles. Al igual que Oliveira, Dreher evadió a la justicia ecuatoriana, registrando su salida migratoria con destino a Panamá el 13 de enero pasado.

31 procesados en el caso Apagón (Progen)

En la diligencia de este lunes, el conjuez Rodrigo Sarango rechazó de manera categórica las solicitudes de diferimiento presentadas por la defensa de De Oliveira, declarándolo en estado de indefensión y disponiendo que un defensor público asuma su representación para continuar con el trámite de su vinculación formal dentro de una causa que ya acumula a 31 personas procesadas.