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La empresa Blasti, investigada en este caso, tiene como gerente a Álvaro Guivernau Becker, esposo de la asambleísta Mishel Mancheno, y como accionista a Isabel Noboa Pontón, tía del narco.
Este lunes 18 de mayo de 2026, el proceso judicial por uno de los mayores cargamentos de droga detectados en instalaciones vinculadas a la élite empresarial y política del país dio un giro.
Tras más de un año de dilaciones y audiencias fallidas, el juez de Garantías Penales de la Unidad Judicial de Playas dictó auto de llamamiento a juicio contra cuatro de los seis procesados por el tráfico de 2,6 toneladas de cocaína halladas en marzo de 2025 en los patios de la empresa Blasti S.A.
La decisión judicial se centró en la responsabilidad operativa de quienes custodiaban y gestionaban el movimiento de carga la noche del operativo. Los ciudadanos llamados a juicio son Carlos Julio Vargas Mejía (supervisor de patios), Erick Xavier Zuloaga Carrasco (inspector), Jonathan Estiven Santana Santillán (guardia de garita) y Petter Geovanny Cedeño Lamilla (conductor).
En su resolución, el magistrado fundamentó la existencia de una relación directa entre los empleados y la contaminación del contenedor.
“Es una anomalía que hayan salido los dos contenedores con la misma numeración, y eso hace presumir que en la misma empresa Blasti, los trabajadores que estaban de turno en esa época manipularon todo, clonaron todo el otro contenedor para que salga a ser contaminado”, señaló el juez durante la diligencia.
Para el magistrado, la “relación de causalidad” es clara para estos cuatro procesados, basándose en los informes que detallan cómo se permitió el ingreso y salida de unidades duplicadas sin emitir alertas.
Sobreseimiento para los accionistas de Sstrans S.A.
Por otro lado, la justicia resolvió ratificar la inocencia, mediante el auto de sobreseimiento, de Jimmy Raúl Sampedro Sancán y Jonathan Jimmy Sampedro Sancán, accionistas de la transportista Sstrans S.A.
A pesar de que la Fiscalía los acusó inicialmente como presuntos cómplices, el juzgador determinó que no existían pruebas suficientes para vincularlos con la manipulación de la sustancia catalogada sujeta a fiscalización.
Al respecto, el acta de la audiencia resume que no se encontró ninguna relación de causalidad, que ellos dos hayan intervenido en la “manipulación de la droga o en alguna clonación del otro contenedor”. Por ello, se les dictó auto de sobreseimiento, al “no haber encontrado ninguna relación de causalidad en el hecho”.
Como consecuencia de este fallo, el juez ordenó el levantamiento inmediato de las medidas cautelares que pesaban sobre los hermanos Sampedro Sancán.
Se defenderán en libertad
Pese al llamamiento a juicio por un delito de tráfico a gran escala, los cuatro implicados que irán a juicio continuarán el proceso en libertad. El juez ratificó las medidas cautelares no privativas de la libertad dictadas en abril de 2025, que incluyen la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas.
Esta decisión de mantener a los procesados fuera de prisión preventiva ha sido uno de los puntos más polémicos del caso, provocando críticas de asambleístas, que calificaron estas medidas como “atípicas e injustificadas” para la naturaleza de este tipo de procedimientos de flagrancia.
Un caso que captó la atención no solo por la droga hallada, sino por el entramado de entidades que envuelve a la empresa Blasti, la cual tiene entre sus accionistas indirectos a Isabel Noboa Pontón, tía del presidente Daniel Noboa. Pero no es todo. Blasti tiene como gerente general a Álvaro Guivernau Becker, esposo de la asambleísta de ADN, Mishel Mancheno, y como presidenta a Silka Sánchez.
Ahora, el expediente será remitido a una sala de sorteo para que un Tribunal de Garantías Penales avoque conocimiento y fije la fecha para la etapa de juicio contra los cuatro trabajadores de Blasti S.A.
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