A enero de 2026, la deuda con el Fondo alcanzaba los USD 9.955 millones, un crecimiento anual del 15%. Si analizamos la deuda per cápita tomando únicamente las obligaciones con el FMI, cada ecuatoriano asumiría un monto de USD 556.

Mientras el presidente colombiano Gustavo Petro celebra lo que denomina el fin de la sujeción de su país a las “condiciones onerosas” del Fondo Monetario Internacional (FMI), Ecuador sigue consolidando su posición como uno de los países más endeudados con el organismo multilateral, solo por debajo de Argentina, cuyas obligaciones superan los USD 57.250 millones, el 8,3% de su Producto Interno Bruto (PIB).

Gustavo Petro anunció -el 22 de abril de 2026- que Colombia pagó la totalidad de una deuda de USD 5.400 millones adquirida en 2020 durante el Gobierno de Iván Duque, de derecha.

Esta línea de crédito flexible (LCF) buscaba enfrentar la emergencia sanitaria por el impacto del coronavirus. Al saldar esta obligación, Petro asegura que Colombia recupera su margen de acción y deja de seguir dictámenes externos para manejar su presupuesto.

Mientras el poder político celebra en Colombia, en Ecuador, el panorama es distinto.

Ecuador escaló posiciones -como uno de los países más endeudados con el fondo- en los últimos años, especialmente desde los Gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y ahora, Daniel Noboa. Así el país se convirtió en el tercer deudor más grande del FMI en la región, ubicándose solo detrás de Argentina y por arriba de Costa Rica.

A enero de 2026, la deuda con el Fondo alcanza los USD 9.955 millones, un crecimiento anual del 15%. En este monto no se incluyen los USD 394 millones que el Directorio del FMI aprobó -esta semana- para desembolsar al país.

Pese a ello, es una cifra récord, pues es el organismo multilateral al que más le debe Ecuador, por arriba del BID (USD 9.158,83 millones) y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), una institución que es parte del Grupo Banco Mundial, con USD 7.270,42 millones.

Si analizamos la deuda per cápita del país (17,9 millones de habitantes) tomando únicamente las obligaciones pendientes con el FMI, cada ecuatoriano tendría que pagar USD 556.

Deuda seguirá en aumento

Y, la deuda con el FMI seguirá aumentando.

En la administración de Noboa, el país acordó un nuevo acuerdo con el multilateral para acceder a USD 5.000 millones debido a la falta de liquidez que afronta la administración desde hace varios años.

De ese total, Ecuador ya recibió USD 3.724 millones. Así, quedan todavía USD 1.276 millones más por desembolsar, que llegarán si el país cumple las metas del programa (cuatro revisiones más) establecidas hasta 2028.

El Gobierno de Noboa presenta estos desembolsos como una muestra de confianza internacional, sin embargo, analistas y organizaciones sociales advierten sobre el “régimen de restricciones estructurales” que este financiamiento impone, ya que cada dólar llega atado a metas que impactan en la vida social, especialmente de los más pobres.

Deuda pública de Ecuador ¿y el FMI?

El caso del FMI no es aislado. El país sigue endeudándose a nivel internacional y a nivel interno.

Según las cifras del Ministerio de Finanzas, a enero de 2026, la deuda pública totalizó los USD 88.991 millones, un 7% más que el mismo mes de 2025, cuando alcanzó los USD 83.256 millones

De ese total, la deuda interna llegó a USD 36.215 millones, un 7% más que hace un año (2.411 millones más) y la externa, a los USD 52.776 millones (USD 3.324 millones más).

Además, el país registra otros pasivos por USD 4.183 millones.

Dentro de las estadísticas, llama la atención los pagos que debe hacer el Gobierno al FMI en este año. En 2026 debe pagar USD 1.489,66 millones entre capital e intereses.

Pero 2027, 2028 y 2029 serán los años donde el país deberá abonar más al Fondo: En esos tres años deberá pagar USD 5.799 millones.

Así, los pagos debe hacerlos hasta 2032, según los registros del Ministerio de Finanzas.

El costo de los dólares del Fondo

El FMI condiciona estos recursos siempre y cuando el país realice reformas que garanticen la “sostenibilidad fiscal”. En el último acuerdo con Ecuador, las metas incluyen medidas que generan una fuerte resistencia popular y tensionan la gobernanza de Noboa.

Por ejemplo, el país se comprometió a retirar el subsidio al diésel, algo que lo cumple desde septiembre de 2025. De hecho, el Fondo calificó la medida de Ecuador como “valiente”.

Sin embargo, la eliminación del subsidio al diésel elevó su precio de USD 1,80 a arriba de los USD 3 por galón en abril de 2026. Ese incremento generó un paro indígena en octubre de 2025.

El programa con el FMI también impuso metas de consolidación fiscal que incluyen el congelamiento o limitación de la masa salarial del sector público, así como el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15%, una medida que el Fondo considera clave para alcanzar el orden fiscal.

Además, disminuyeron las exenciones tributarias.

El país también se comprometió a liberar las tasas de interés del sector financiero, algo que se cumple a medias.

Lo paradójico es que el país recibe dinero del Fondo, el cual es destinado, entre otras cosas, para pagar deuda del propio estado.