Comuneros y trabajadores relatan golpizas, asfixia y descargas eléctricas durante intervenciones del Ejército en la frontera norte de Ecuador.

Los testimonios recogidos en el sector de San Martín, en la provincia de Sucumbíos, apuntan a un patrón de presuntas torturas cometidas por militares ecuatorianos contra trabajadores campesinos durante operativos realizados a inicios de marzo de 2026.

Las denuncias, coincidentes entre varias víctimas, describen agresiones físicas, tratos degradantes y amenazas de muerte tras su detención.

Según los relatos, los hechos comenzaron cuando uniformados irrumpieron en una finca del sector y retuvieron a al menos cuatro trabajadores.

“Nos empezaron a sacar de unos en unos y nos empezaron a torturar”, señaló una de las víctimas, quien afirmó que los obligaban a entregar información sobre supuestos escondites de armas o vínculos con grupos irregulares, pese a que -según insisten- eran jornaleros sin relación con actividades ilícitas.

Asfixia, golpes y colgamientos

Uno de los testimonios más graves describe que los detenidos fueron amarrados de manos y pies, colgados y sumergidos en agua hasta el límite de la asfixia.

“Me metieron a un tarro de agua, a lo que aguantara”, relató uno de los afectados, quien también denunció golpes constantes con botas y culatas de fusil.

Otros trabajadores coincidieron en que las agresiones físicas fueron sistemáticas.

“Nos daban patadas y culatazos mientras preguntaban por gente que no conocíamos”, dijo otro de los campesinos, quien aseguró que todos los detenidos fueron sometidos a este tipo de violencia.

Descargas eléctricas y tortura psicológica

Tras ser trasladados -presuntamente en helicóptero- a una base militar cercana, los abusos se intensificaron.

En ese lugar, los detenidos habrían sido encerrados en espacios reducidos donde continuaron las agresiones.

“Nos metieron corriente con un taser en las costillas mientras nos echaban agua”, denunció uno de los jóvenes, quien además aseguró que fueron golpeados con machetes por el lado plano.

A esto se suman amenazas directas contra sus vidas.

“Nos dijeron que si volvíamos a Ecuador nos mataban”, afirmó otro de los afectados, quien señaló que fueron liberados sin cargos tras varias horas de detención.

Detenciones sin evidencia

Los comuneros sostienen que los interrogatorios se centraron en obtener confesiones forzadas sobre supuestas “caletas” o vínculos con grupos armados, sin que -según indican- existiera evidencia en su contra.

“El objetivo era obligarnos a confesar algo que no sabíamos”, señalaron los trabajadores, quienes recalcan que se dedicaban exclusivamente a labores agrícolas y ganaderas en la zona.

Impacto en la comunidad

Más allá de las víctimas directas, los habitantes del sector denuncian que estos hechos generaron temor generalizado en la población.

Algunos comuneros aseguran que las agresiones no solo fueron físicas, sino también psicológicas, dejando secuelas en quienes presenciaron o conocieron los hechos.

“Es un atropello contra la población civil”, resumió uno de los moradores, quien pidió garantías para evitar que situaciones similares se repitan en esta zona fronteriza.

Las denuncias sobre presuntas torturas se suman a las controversias por los operativos militares en San Martín, donde el Gobierno ha sostenido que se trataba de acciones contra estructuras criminales.

Sin embargo, las versiones de los comuneros abren cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos en estas intervenciones.

Hasta el momento, ni las Fuerzas Armadas ni el Ministerio de Defensa se han pronunciado sobre estos hechos.

Daniela Fonseca