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El exgerente de Termopichincha también reveló que la exministra de Energía, Inés Manzano, y sus asesores le exigieron la firma de una adenda contractual que beneficiaba a Progen tras alegar un presunto desequilibrio financiero.
En una entrevista publicada este 5 de octubre de 2026 por Diario Expreso, el exgerente de la Unidad de Negocio Termopichincha, Byron Orozco, indicó las supuestas injerencias del ministro Roberto Luque, de su asesor José Manuel de Oliveira y de Arturo Félix Wong (exsecretario de la Administración Pública) en la adjudicación de los polémicos contratos eléctricos con la empresa estadounidense Progen.
Para matizar su respuesta, Orozco resaltó las expresiones de la representante de la empresa contratista Progen en Ecuador, Karla Saud Calero, sobre su cercanía con autoridades estatales:
“Antes del inicio de la ejecución contractual yo no conocía a ninguno de los funcionarios de Progen. Durante la ejecución sí hubo momentos en los que la señora Karla Saud decía que iba a hablar con ‘Roberto’, con ‘José Manuel’ o con ‘Arturo’. Entiendo que se refería a los funcionarios del gobierno”.
De acuerdo con Orozco, la empresa estadounidense Progen Industries LLC contó con información privilegiada coordinada directamente desde el Ministerio de Energía antes y durante la ejecución de los contratos.
Asimismo, Byron Orozco desglosó la estructura operativa que, según su testimonio, dirigió los procesos de contratación desde la cartera de Estado.
Orozco identificó al excoordinador jurídico del Ministerio de Energía, José Manuel de Oliveira, como un operador clave que realizaba un seguimiento continuo sobre las unidades de negocio de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP), solicitando informes y presionando para acelerar los trámites.
También reveló que la exministra de Energía, Inés Manzano, y sus asesores le exigieron la firma de una adenda contractual que beneficiaba a Progen tras alegar un presunto desequilibrio financiero. Al considerar que la modificación carecía de sustento técnico y económico, Orozco se habría negado a suscribirla y presentó su renuncia irrevocable.
El exfuncionario denunció además que en 2025 sufrió un atentado en el que sujetos desconocidos lo interceptaron y escopolaminaron fuera de su domicilio para robarle dispositivos electrónicos que contenían “pruebas cruciales” sobre el ingreso de Progen al país.
El rol de Byron Orozco en Termopichincha
Byron Orozco asumió la gerencia de la Unidad de Negocio Termopichincha entre junio y diciembre de 2024. Durante su gestión firmó en agosto de 2024 los dos contratos principales con Progen (Quevedo y El Salitral), además de otros procesos térmicos.
Orozco sostiene que no diseñó las pliegos ni la arquitectura contractual, ya que toda la documentación preparatoria provino de la matriz de Celec y del Ministerio de Energía antes de su posesión. Asimismo, afirma que intentó aplicar multas y notificaciones de terminación unilateral a la contratista por sus constantes retrasos antes de dimitir ante las presiones políticas.
Situación judicial de Orozco
La Fiscalía General del Estado procesa a Byron Orozco junto a más de una treintena de exfuncionarios y técnicos por el presunto delito de peculado dentro del denominado caso Apagón.
El pasado 25 de septiembre de 2026, el conjuez nacional Rodrigo Sarango ratificó las medidas cautelares contra 11 procesados, entre ellos a Orozco.
El magistrado negó la solicitud de sustitución de la medida presentada por la defensa de Orozco, la cual pedía la presentación periódica debido a un diagnóstico médico de enfermedad oncológica y espondilitis anquilosante.
Así, el conjuez Sarango dispuso que la Policía Nacional coordine resguardo para sus traslados médicos y aclaró que la falta de colocación del grillete electrónico obedece a una negligencia del SNAI y no a la idoneidad de la medida privativa de libertad.
La fallida contratación de emergencia eléctrica
En agosto de 2024, el Gobierno de Daniel Noboa declaró la emergencia eléctrica, con el fin de enfrentar la crisis energética y los cortes de luz.
A través de Celec y sus unidades de negocio, el Gobierno adjudicó dos contratos por un monto combinado de USD 149,1 millones a Progen para la instalación de plantas térmicas en Quevedo (50 MW por USD 49,7 millones) y El Salitral (100 MW por USD 99,4 millones).
Sin embargo, las investigaciones judiciales y peritajes técnicos detectaron graves irregularidades. La contratista entregó generadores remanufacturados y usados —fabricados entre 2009 y 2019— con números de serie adulterados y placas limadas, los cuales requerían un combustible distinto al disponible y jamás llegaron a generar energía.
Ambos proyectos no entregan si un solo megavatio contratado.
