Caso Progen, entre tribunales de justicia y juicios políticos en la Asamblea

Las pesquisas apuntan a una presunta estructura de influencias que facilitó contratos millonarios, mientras avanzan las acciones penales y el juicio político en la Asamblea Nacional.

El complejo entramado de corrupción del caso Progen tomó un nuevo impulso tanto en el ámbito judicial como en el legislativo. Mientras la Corte Nacional de Justicia define el futuro de las órdenes de prisión preventiva, la Asamblea Nacional ha iniciado un proceso de juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano, por presuntas irregularidades en la contratación de generadores eléctricos.

Así, la Corte Nacional ya ha designado al tribunal que resolverá las apelaciones de 14 de los 21 procesados que buscan revertir su prisión preventiva. El tribunal estará conformado por los jueces Julio Inga (ponente), Daniella Camacho y Manuel Cabrera. Entre quienes buscan recuperar su libertad se encuentran el exministro de Energía, Antonio Gonçalves, y el exgerente de Celec, Fabián Calero.

Hasta la fecha, de los 21 implicados, 19 tienen orden de prisión preventiva, pero solo dos han sido capturados: Carlos Iván Villacís, exsubgerente de Celec, y Julio Montesdeoca, integrante de una comisión técnica. Por otro lado, la lobista de Progen, Karla Saud, y el directivo Andrew Williamson enfrentan pedidos de alerta roja de Interpol al encontrarse actualmente en Estados Unidos.

La red de influencias de Karla Saud

Investigaciones recientes señalan a Karla Saud Calero como la pieza central de una red de lobby que facilitó la adjudicación de contratos millonarios. El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, ha sido enfático al señalar la importancia de los vínculos familiares en esta trama.

“El nexo más importante fue entre Karla Saud Calero y Álex Dueñas Calero. Él trabajó como asesor de Celec y ese vínculo familiar permitió construir toda esa trama de corrupción para que estos contratos se concretaran”, afirmó Neira en declaraciones para Teleamazonas.

Documentos revelan que Álex Dueñas, medio hermano de Saud, recibió pagos por USD 150.000 a través de la empresa Astrobryxa, fondos que provenían directamente de los USD 104 millones que Celec desembolsó a Progen por las fallidas termoeléctricas de Salitral y Quevedo.

Además, Saud es identificada como accionista de Astrobryxa y representante de Progen en el país, utilizando empresas aliadas para consolidar su presencia en el sector energético.

Juicio político en la Asamblea Nacional

El escándalo ha escalado al nivel político con la calificación del juicio político contra Inés Manzano, exministra de Ambiente y Energía. La Comisión de Fiscalización, con 10 votos a favor, aprobó indagar su responsabilidad en los contratos con Progen y Austral Technical Management (ATM).

Los asambleístas impulsadores del proceso sostienen que las empresas “entregaron equipos inservibles” y calculan un perjuicio al Estado de aproximadamente USD 180 millones.

Ante estas acusaciones, la exministra Manzano ha rechazado cualquier responsabilidad directa en la adjudicación de dichos convenios. En una carta pública, Manzano argumentó:

“Ella no negoció ni adjudicó dichos contratos, ya que estos existían cuando asumió su cargo en octubre de 2024”.

El proceso legislativo podría tomar entre 37 y 45 días para llegar al Pleno de la Asamblea, donde se requerirían 92 votos para su censura, lo que le prohibiría ejercer cargos públicos por dos años.

Mientras tanto, la justicia ecuatoriana continúa tras la pista de los fondos desviados, habiendo congelado ya cinco cuentas bancarias de Karla Saud, aunque estas se encontraban vacías al momento de la intervención.