Empresa de accionista investigada por venta de medicamentos robados obtuvo contrato para abastecer al Ministerio de Salud

La principal accionista de Dismedic enfrentó causas por presunta comercialización de medicamentos robados, contrabando e insumos caducados, aunque todas terminaron con sobreseimientos o sin condena.

Una nueva adjudicación enciende las alarmas sobre los filtros de control y la idoneidad de los proveedores del Estado. El Ministerio de Salud Pública (MSP) otorgó el contrato para la adquisición de Ceftriaxona Sólido parenteral 1.000 mg a la empresa Dismedic CIA. LTDA. por un monto de USD 292.613.

Detrás de esta adjudicación se encuentra una controvertida realidad judicial. La accionista mayoritaria de la empresa beneficiada es Elsa Noemí Orellana Ochoa, una empresaria cuencana cuya trayectoria en el sector de insumos médicos ha estado marcada por graves acusaciones penales que van desde el contrabando hasta la comercialización de productos robados y caducados.

El antecedente más grave que pesa sobre Orellana Ochoa se remonta a un juicio relacionado con la comercialización del anestésico Sevofluorano. Según los expedientes de la Función Judicial, la empresaria adquirió y vendió un lote de este medicamento que había sido robado en una autopista de Venezuela, en diciembre de 2008.

Durante el proceso, la acusación particular, representada por Xavier Iturralde en nombre de Baxter Ecuador S.A. (importador exclusivo), fue categórica al señalar la presunta responsabilidad de la empresaria-

“La señora Elsa Orellana compró 68 unidades de Sevofluorano (…) productos que fueron robados en Venezuela y que los vendió de la siguiente manera: ocho unidades a la Clínica de Especialidades Clemed S.A.; y 60 unidades al Hospital de Solca de la ciudad de Cuenca”, sostuvo Iturralde.

Y añadió que la procesada “jamás obtuvo documento alguno que respalde la compra de los productos médicos y la licitud de la transacción”.

A pesar de la gravedad de la denuncia, la defensa técnica de Orellana, liderada por el abogado Cristóbal Medina, basó su estrategia en la supuesta “buena fe” de su cliente. Indicó que no existía la prueba de que la señora conocía que era robado.

“La señora compra de buena fe y comercia con factura. Para que el agente cometa delito, debe haber sabido que el producto era robado”, argumentó Medina.

Finalmente, la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay dictó el sobreseimiento provisional de la empresaria, concluyendo que actuó “desconociendo que este medicamento provenía del robo o hurto, por ende sin dolo”.

Acusaciones de contrabando e insumos caducados

Este no ha sido el único encuentro de la dueña de Dismedic con la justicia. En el Proceso 01653-2011-8996, la Fiscalía acusó formalmente a Orellana de ingresar medicamentos de forma clandestina al país.

En su dictamen, el fiscal Felipe Córdova aseveró que no existían datos respecto que Dismedic haya importado el Sevoflurano, determinando que el producto ingresó evadiendo los controles aduaneros.

Sin embargo, el 31 de julio de 2014, el juez Jaime Andrade Jara dictó el sobreseimiento definitivo de la causa bajo el argumento técnico de que la Fiscalía no acreditó debidamente el valor de las mercancías para constituir el delito de contrabando según la ley de la época.

A este historial se suma una investigación previa abierta en 2018, en la Unidad Judicial Penal de Ambato, por la “eventual comercialización de un producto médico caducado”, la cual tampoco prosperó con cargos definitivos contra Orellana.

Contrato actual

A pesar de las sombras judiciales que rodean a su principal accionista, Dismedic Cía. Ltda. —actualmente representada legalmente por Juan Pablo Tapia Orellana— cumple formalmente con los requisitos del Sistema Oficial de Contratación Pública.

Según el informe de selección de proveedores del MSP, la empresa cuenta con el Registro Único de Proveedores (RUP) activo y el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) emitió el certificado electrónico que consta que la firma “no se encuentra reportada como contratista incumplido o adjudicatario fallido” con el Estado.

El contrato, adjudicado en julio de 2026, compromete a Dismedic a entregar 860.629 unidades de Ceftriaxona de origen chino (fabricadas por Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd.) en un plazo de 90 días.

Aunque los tribunales han fallado reiteradamente a favor de Elsa Noemí Orellana Ochoa argumentando “falta de dolo” o “insuficiencia de pruebas”, la adjudicación de contratos de salud pública a empresas con estos antecedentes vuelve a poner sobre la mesa el debate ético y de seguridad sobre quiénes proveen los insumos médicos que salvan vidas en los hospitales ecuatorianos.