
Los procesados enviaron amenazas a un comerciante de Guayaquil.
Fiscalía procesó a dos ciudadanos como presuntos responsables de la extorsión a un comerciante de Guayaquil, a quien le exigían USD 40 000 para no atentar contra su vida y la de sus familiares.
En audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal del caso presentó, como principales elementos de convicción, el parte informativo y de aprehensión y las versiones de los agentes investigadores. A ello se sumaron los mensajes intimidatorios realizados por parte del presunto extorsionador. Además de teléfonos celulares y otras evidencias.
Fiscalía indicó que el juez de Garantías Penales, que actuó en la audiencia, acogió su pedido y dictó prisión preventiva contra los ciudadanos Johnny Leonel M. V. y José Oswaldo P. V.
Aprehensión
La Policía recibió una denuncia de un comerciante que indicaba ser víctima de un “vacunador” (persona encargada de extorsionar a cambio de dinero), al que le exigían el pago de USD 40 000 y que, en caso de negarse a cancelar dicho valor, procederían a atentar contra su vida y la de sus familiares.
Debido a las amenazas, la víctima continuó con el intercambio de mensajes de texto con los ahora procesados, donde inclusive llegó a pedirles tiempo para tratar de conseguir el dinero solicitado.
Fiscalía señaló que el personal policial realizó el seguimiento y captura de los ciudadanos Johnny Leonel M. V. y José Oswaldo P. V., cuando estos se encontraban circulando en una moto por el local del denunciante. Los sospechosos se bajaron del vehículo y se acercaron al local, donde gritaron que venían a ver el dinero.
“La Policía actuó en flagrancia y los detuvo, encontrando un celular y USD 200 en efectivo al interior de un sobre”, señaló Fiscalía.
Según investigaciones policiales, los hoy procesados indicaban, en sus amenazas, que pertenecerían al grupo “Mafia Chonera”, que delinquen en el sector sur de Guayaquil. Ellos habrían actuado en este caso con amenazas a través de mensajes de audio, fotos y videos.
La Fiscalía procesó este caso, con base en lo dispuesto en el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de extorsión con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
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